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Protestas pacíficas

LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO de todos los ciudadanos y, sobre todo, uno de los caminos con los que cuenta la sociedad para exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones: no es un derecho menor, ni mucho menos.

El Espectador
16 de marzo de 2015 - 02:35 a. m.

Se trata de una piedra angular de la fuerza que puede tener el poder ciudadano. Varias centrales obreras, y algunas agremiaciones, han anunciado un paro este 19 de marzo, en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo. Bienvenidos el disenso y la controversia, cuestiones naturales de una democracia. Y bienvenidos, claro, cuando hay molestias con las medidas que toma el Gobierno. Es necesario, sin embargo, hacer claridad en algunos aspectos.

Hacemos un llamado para que las protestas no deriven en violencia física. Que no haya ni manifestantes ni miembros de la Fuerza Pública heridos suena utópico en medio del malestar social, pero es un punto hacia donde un Estado serio (sociedad incluida) debe aspirar a llegar. Que se propenda por el diálogo, claro: ese es, a fin de cuentas, el objetivo de cualquier manifestación. Que se abran canales de comunicación para debatir y llegar a acuerdos y que el debate no se ahogue en el marasmo de la violencia: ésta, al contrario, deslegitima la protesta y cierra esos canales de comunicación.

Estas manifestaciones no pueden terminar siendo un instrumento para conseguir votos de cara a las elecciones que se celebrarán en octubre a lo largo y ancho del país. Las protestas, por lo general, terminan siendo aprovechadas por personas que se acostumbraron a “pescar en río revuelto”, que boicotean el diálogo y que prolongan el paro por un tiempo mucho mayor del necesario, simplemente con la ambición de conseguir réditos políticos. Quienes terminan pagando los platos rotos son los ciudadanos. Como siempre. Es tan mezquino usar los programas de gobierno para, de forma clientelista, obtener votos, como lo contrario: aprovecharse de la protesta social para convertir una manifestación legítima en un acto de simple y puro proselitismo político.

Hay que rechazar de forma contundente que las guerrillas sigan empeñadas en infiltrar las protestas, cosa que se nos hace natural (aunque no válida) a estas alturas de la historia. Hay que rechazarlo, insistimos, porque su presencia en la sombra deslegitima la labor de las organizaciones sociales que salen a marchar, y a la vez, pone en riesgo a los manifestantes. Tal combinación de las “formas de lucha” no es aceptable. Suponemos que una de las pistas de aterrizaje para la guerrilla será la protesta social: lo vemos como el más lógico de los eventuales escenarios luego de que la paz se firme y el posconflicto entre a operar. Pero eso será entonces cuando los guerrilleros estén únicamente armados de ideas. Muy difícil tener independencia de ideas cuando alguien está al lado de uno con un arma.

Lo importante es que de estas protestas surja un diálogo robusto entre el Gobierno, las centrales obreras y las agremiaciones que han anunciado su apoyo al paro. Pero que este debate no se mueva al vaivén de los intereses electorales de algunos o los intereses violentos de otros. Que sea guiado por el derecho legítimo de la ciudadanía a expresarse y por el deber del Estado de escucharla.

* ¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com. 

Por El Espectador

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