Lamentablemente, el camino que está siguiendo la capital es el segundo. A los bogotanos, al parecer, les importa poco vivir en una ciudad hostil que ya ni siquiera les permite gozar de un patrimonio que antes era de todos: la vista de los cerros. La falta de regulación sobre el tamaño de los edificios ha bloqueado partes importantes del panorama, de la misma manera que le hará perder su reserva hídrica si no se toman medidas urgentes. El sistema de Chingaza, se calcula, llegará a su máxima capacidad en 2020, hecho que, en principio, no debería preocupar pues se cuenta con las reservas acuíferas de localidades como Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal. No obstante, la industria minera, la urbanización ilegal y el depósito de basuras amenazan esta posibilidad, de la misma manera que lo hacen con muchas otras. El sur, infortunadamente, y como desde hace un tiempo lo ha venido recordando El Espectador, se ha convertido en el lugar recadero, al que se le pide todo lo que el norte requiere, sin ofrecerle a cambio la más mínima posibilidad de desarrollo.
La vereda de Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar, tiene, por ejemplo, un enorme depósito acuífero bajo tierra, al igual que una suerte de vegetación, que aunque pasa por simple matorral, es en realidad un complejo ecosistema conocido como subxerofítico, que protege los yacimientos de agua. A pesar de su importancia ecológica y de su escasa presencia en el país, este ecosistema aún no es reconocido oficialmente por las autoridades ambientales y en esa medida no es protegido, ni en el sur de la capital, ni en las zonas del Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y la Región Caribe donde existe en pequeñas extensiones. A este descuido nacional se suma el desdén local que ha autorizado a cerca de 20 compañías particulares para realizar excavación minera. Como si esto fuera poco, la reglamentación urbanística es equivocada y muchas localidades, en lugar de ser consideradas un centro rural poblado, se mantienen clasificadas como terreno rural con desarrollo restringido.
De esta manera, además de la torpeza que significa permitir la explotación minera en lo que deberían ser espacios para la agricultura —Bogotá produce apenas el 1% de los alimentos, cuando este porcentaje debería ser cercano al 25%, dado que el 70% de su área es apta para el cultivo—, está la incapacidad de las normativas de adaptarse a una realidad demográfica cambiante. No reglamentar el sur como centro poblado es permitir que los asentamientos ilegales adquieran dinámica propia y en lugar de convertirse en pequeños focos de desarrollo, se conviertan en una pesadilla para el Distrito e incluso para los mismos particulares. La falta de organización urbanística permite situaciones tan ridículas como la de hogares que pagan servicios que el Estado les llevó, pero que habitan viviendas consideradas por ese Estado como ilegales.
Se planea solucionar buena parte del déficit de vivienda formal en el sur con el megaproyecto “Usme, ciudad futuro”, que pretende edificar 53 mil viviendas en 900 hectáreas, lo que lo convertiría en uno de los más grandes de su tipo en Latinoamérica. Esta sería una gran oportunidad para muchos particulares, pero no necesariamente para el desarrollo de la ciudad: si todas las viviendas de interés social se retiran del núcleo urbanístico, movilizar a sus habitantes diariamente a los puestos de trabajo se hace imposible. Mucho cuidado deben tener entonces las autoridades al planear el desarrollo del sur, que si bien no es tarea fácil, ciertamente es necesario. Lo último que necesita Bogotá es una periferia inmanejable y, por ello, bien deberían aparecer en las campañas para las elecciones regionales varias ideas sobre el sur y su futuro.