Purgar la corrupción sin destruir instituciones

Nunca antes tantos magistrados de alto nivel eran objeto de cuestionamientos. El país necesita saber lo que ocurrió. / Fotos: El Espectador y El Heraldo

La reputación de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que ha liderado los procesos más emblemáticos contra la corrupción y las mafias en la historia del país, se encuentra seriamente manchada por un anuncio que sacudió al país: tres de sus expresidentes fueron señalados como receptores de sobornos a cambio de favores judiciales. Las autoridades deben aclarar los hechos cuanto antes, pero el debate público no debe virar, como algunas personalidades buscan con fines no tan claros, a querer destruir la institución de la Corte como tal. Los hechos no deben ser utilizados para generar confusión y deslegitimar la labor del tribunal.

Dentro del marco de las investigaciones contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y su relación con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, se obtuvieron conversaciones que generan muchas preguntas. Según anunció el fiscal, Néstor Humberto Martínez, en “comunicaciones electrónicas y conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y los señores Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla (…) se hace relación a solicitudes de sumas de dinero o pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento” de tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia.

Los implicados son Francisco Ricaurte (que aspira a ser magistrado del Tribunal de Paz) y Camilo Tarquino, quienes pertenecían a la Sala Laboral, y José Leonidas Bustos, de la Sala de Casación Penal. Además, los hechos coinciden con la representación que Moreno hizo de los excongresistas Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos.

Ahora será la Comisión de Acusaciones del Congreso, que tiene un historial de ineficiencia preocupante, la que debe adelantar las investigaciones contra los exmagistrados. Esperamos que los congresistas estén a la altura del momento histórico: nunca antes tantos magistrados de alto nivel eran objeto de cuestionamientos. El país necesita saber lo que ocurrió; no es momento de perpetuar la inoperancia de la Comisión.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia deberá revaluar los casos de los excongresistas para explicarle al país si la influencia mal habida sesgó las decisiones allí tomadas.

Es de esperar que se sigan conociendo detalles sobre cómo las dinámicas corruptas han infiltrado todos los aspectos de la sociedad. Impulsamos a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia a que continúen con su valiente labor.

Dicho lo anterior, es preocupante ver cómo se está aprovechando el escándalo para dinamitar la legitimidad de los procesos adelantados por la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, argumentó que esto es prueba de que los funcionarios de su gobierno condenados fueron perseguidos y no juzgados en derecho. Otras personas con procesos abiertos dijeron que esto demuestra que la justicia está politizada. Los hechos de los casos particulares, y el juicio con que se han adelantado las investigaciones, demuestran todo lo contrario.

Aunque es difícil, los colombianos deben rodear a su Rama Judicial, que viene librando las batallas más complejas para desmantelar los peores crímenes en el país. Si se permite difundir la idea de que todo lo hecho por la Corte ha estado sesgado, es mucho lo que perdería Colombia. En medio de la confusión, los debates deben ser justos y cuidadosos, sin oportunismos políticos. Se debe purgar la corrupción, pero no destruir las instituciones.

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