En 2012, su hermana, Maricel García, fue asesinada en lo que parece haber sido un atentado dirigido a él. El pasado 3 de agosto, después de haber sido citado a una reunión con las Farc —según información difundida por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano—, un par de personas lo detuvieron en la carretera que va de Chilvi al corregimiento de San Luis Robles, en la zona rural de Tumaco, le pidieron la cédula y lo asesinaron. La Defensoría del Pueblo denunció el hecho con especial preocupación pues García tenía protección del Gobierno. Su muerte se añade al prontuario de líderes afros asesinados por defender sus derechos sobre las tierras, y además nos deja con muchas preguntas.
La primera tiene que ser resuelta por las autoridades con diligencia: ¿quién mató a García? Todos los indicios parecen llevar a las Farc. Desde hace varios años el grupo armado, junto con el Eln y los paramilitares, han hecho esfuerzos por desmantelar los consejos comunitarios e incluso han emitido órdenes diciéndoles a los pobladores que renuncien a la titulación colectiva, que ayuda a fortalecer los derechos sobre las tierras. García ya se había enfrentado en varias ocasiones a las Farc, quienes le pidieron la renuncia al consejo comunitario bajo la amenaza de muerte. Por eso el Gobierno lo estaba protegiendo.
Esa es la otra pregunta: ¿por qué falló la protección estatal? La muerte de García y las tasas de asesinatos de líderes en los procesos de restitución de tierras dejan un sinsabor en el esfuerzo de paz que realiza el Gobierno. ¿Por qué sigue siendo riesgoso pedir la reivindicación de los derechos? Hablamos de personas que sólo piden lo que es de ellos y que son silenciadas por eso. Contrasta la realidad de las regiones con los discursos nacionales de paz. No podrá hablarse de posconflicto si no hay un plan claro para solucionar la inseguridad que sufren estas personas a diario. No sólo es un problema con las Farc, por supuesto: la subsistencia del Eln y la fortaleza de los paramilitares que se reencaucharon con otros nombres amenaza el sueño de país que quiere construir el presidente, y el cual hemos venido apoyando.
En el caso puntual de García, pedimos un pronunciamiento del Gobierno y de las Farc. Si en efecto el grupo armado fue el culpable de la muerte, esto es una violación al cese del fuego y debe tener consecuencias en La Habana. ¿O es que el compromiso de no atacar es sólo con las Fuerzas Armadas? Si no fueron las Farc, debe esclarecerse quién ordenó el asesinato, pues las motivaciones políticas parecen claras.
En cualquier caso, el Estado debe hacer presencia, proteger a la familia de García, a las personas que están denunciando con valentía este homicidio, y debe demostrar de una vez por todas que puede proteger a los activistas amenazados. Es lo mínimo.
Lamentamos la muerte de García y de todas las personas que se han negado a silenciar sus justas reclamaciones. Su apuesta es la apuesta de todos los colombianos: la de un país más justo. Tenemos que dejar atrás la época en que pedir los derechos equivale a una sentencia de muerte.
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