Los hechos que motivan la acusación son lamentables. Ya lo dijimos en su momento en este espacio: el alcalde no tenía la facultad jurídica para expedir por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial que el Concejo, en ejercicio democrático, rechazó. La administración dirá que sólo se trataba de una modificación, que algo similar hicieron Antanas Mockus y Enrique Peñalosa en sus gobiernos y que no había otra forma de llevar a buen puerto la visión de ciudad que ganó unas elecciones. Pero las reglas son claras y, sí, tener menos margen de acción política es uno de los problemas de no tener mayoría en el Concejo. Así es el sistema democrático, con pesos y contrapesos, y hay que respetarlo.
Dice la Procuraduría que esto constituye una falta grave realizada con dolo. Sobre lo primero hay mucho espacio de interpretación, pero lo segundo parece claro: el alcalde sabía que estaba usando una facultad que no le correspondía.
Algo similar dijo el Consejo de Estado, el cual suspendió la aplicación del POT pues consideró que Gustavo Petro se extralimitó en sus funciones. Aunque después se declaró sin competencia para atender el caso y lo remitió a un juez administrativo que aún no ha proferido decisión.
Dicho lo anterior, y alejándonos un poco del debate jurídico, no es difícil creer que las motivaciones del procurador Alejandro Ordóñez van más allá de la protección del ordenamiento jurídico. Sus antecedentes de investigaciones a funcionarios públicos —varias con fundamentos bastante endebles— anuncian aspiraciones políticas propias o de personas cercanas. Cualquier sanción a Gustavo Petro por este caso vendrá después de cumplido el término de su mandato, lo cual indica que la inhabilidad es para sacarlo de la contienda electoral que se avecina en 2018.
La Procuraduría sancionó en junio pasado sólo por seis meses al alcalde de Chía, Jorge Orlando Gaitán Mahecha, porque “expidió un decreto mediante el cual modificó y ajustó excepcionalmente el Acuerdo Municipal 17 de 2000, mediante el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de Chía (POT), abusando de su cargo, pues no estaba facultado legalmente para ello”. Con este precedente, no se podría justificar una sanción mayor para Gustavo Petro.
Toda esta situación, como si no fuese lo suficientemente compleja, puede verse afectada por un fallo que el Consejo de Estado ha de expedir pronto. En él se definirá si, a la luz de la jurisprudencia interamericana que es vinculante en Colombia, la Procuraduría puede destituir a funcionarios públicos elegidos democráticamente. Si el Consejo se casa con la tesis de la Corte IDH, la respuesta debe ser negativa y la decisión cambiaría esencialmente la capacidad de acción de la Procuraduría. Gustavo Petro, entonces, saldría ganando. Pero —y esto es posible— si la decisión es positiva para el procurador, seguiría una investigación con tantos tintes políticos como jurídicos.
Mientras tanto, el alcalde recupera su discurso populista, justo cuando el escándalo por la contratación de la línea 123 amenaza su reputación anticorrupción. El procurador, por su parte, sigue utilizando su poder discrecional para perseguir a quienes más lo podrían incomodar en una eventual aspiración electoral futura. Rabos de paja aquí y allá.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.