Esa “talanquera” del progreso, como algunos la denominan. El proceso ahora podrá ser oral. Se juntarán todos los requisitos en una misma bolsa. Los tramos de carreteras ya intervenidos no necesitarán una nueva venia de alguna autoridad. Cosas así. De a cuatro a seis meses durará el proceso: bien rápido, como nos lo dijo hace unos días el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.
Esto, claro, para acelerar los procesos de obras públicas que están pendientes y que ven en el licenciamiento ambiental, tal vez con mucho de razón, una piedra en el zapato. Otra cosa, por supuesto, piensan los expertos en el tema, la otra cara de la moneda, que, como Julio Carrizosa, creen que los problemas ambientales más específicos no son conversación de unas horas.
Si hay algo cierto en esta suma de factores es que las licencias ambientales en este país no funcionan de la manera adecuada. Y eso hace una profunda mella, no sólo en el progreso económico, sino en el bienestar social. Tardan mucho, sí —ese, hasta ahora, es el único problema identificado por el Gobierno—, pero también se hacen mal: cuántos dolores de cabeza no han causado (sobre todo a las comunidades afectadas) las licencias que, aparte de demoradas, terminan afectando al medio ambiente y ocasionando problemas de salud entre los habitantes directamente implicados. La institución —las muchas que hay dentro de este proceso— deben ser reformadas para que empresas y sociedad tengan tanto una ganancia económica como una protección a su entorno. Esa es la atadura real.
Ese es el cuello de botella que, hasta hoy, ha sido muy difícil de solucionar y puesto a un lado dentro de esta discusión. No sólo necesita este país un proceso menos entrabado en la burocracia sino uno que honre el nombre de la institución: un permiso que asegure el buen desempeño ambiental de una obra. La correcta mitigación de su impacto en el entorno. El resarcimiento de las condiciones ecológicas al estado anterior en que se encontraban. Variables importantes. Variables insoslayables que en la práctica no lo parecen tanto. Variables que hay que pensar (y debatir y ensayar) con mucho más tiempo.
Pero poco de eso es lo que pudimos discutir en una aprobación, esta sí, exprés: hace ocho días nos enterábamos de que el Gobierno tenía el plan de hacer rápidos esos trámites engorrosos y hoy nos damos cuenta de que dicho plan va a ser firmado y puesto a rodar legalmente en forma de un decreto que, por demás, rompe los plazos que su ley natural, la 1450 de 2011, impone (y ya veremos las demandas ante la Corte Constitucional por este rompimiento de la materia). Todo de afán.
No es mucho el debate que se ha dado al respecto, salvo, excepciones contadas, algunos columnistas, otros cuantos ambientalistas y los directos implicados en el adelanto de la infraestructura de este país. Pero nada más. Si vamos a ponernos a planificar una política pública más seria para ese remolino esquizofrénico que es el licenciamiento ambiental, ¿no valdría la pena hablar un poco más de eso? La suerte está echada.