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El anuncio de la Fiscalía sobre las primeras imputaciones en el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar) resulta positivo en el camino de esclarecer el enorme desfalco que se dio en su construcción. Con todo, si bien el país necesita respuestas sobre los responsables cuanto antes, es útil hacer un llamado para que, en esta renovada y bienvenida lucha contra la corrupción, los entes de control sean muy cuidadosos en los señalamientos que van haciendo y sepan además diferenciar los niveles de responsabilidades.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informó que el próximo 7 de junio imputará a ocho altos directivos de Reficar, Ecopetrol y la firma Chicago Bridge & Iron Company (CB&I), encargada de construir la refinería; además, citará a interrogatorio a expresidentes y al presidente de Ecopetrol, y llamará a declarar bajo juramento a ministros, exministros y miembros de juntas directivas. Por el desfalco de $610.000 millones en sobrecostos en la construcción de Reficar, el ente investigador argumenta haber encontrado pruebas de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.
Los hallazgos son muy preocupantes. El fiscal habló de una “feria del derroche” y, por ejemplo, encontró varios pagos por equipos que nunca se utilizaron en la construcción de la refinería y el cobro de salarios de personas que no movieron un dedo para ayudar con la obra. También, frente a la construcción de los andamios, los investigadores evidenciaron que CB&I cobró dos veces por el mismo trabajo. Es decir, actos claramente delictivos por los que debe haber responsables.
La Contraloría, a su vez, ha sido el ente de control que más información le ha dado a Colombia sobre el escándalo. Lo que ha encontrado no tiene importancia menor y, gracias al trabajo del contralor, Edgardo Maya, el país conoció, por lo menos, la magnitud del descalabro. En marzo pasado abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un supuesto deterioro patrimonial que, de comprobarse, deberán pagar 38 funcionarios, miembros de juntas directivas y contratistas de Reficar y Ecopetrol, a quienes llamó a versión libre.
Nos repetimos. Bienvenidas las investigaciones y los hallazgos y la búsqueda de responsables. Empero, la mezcla de imputaciones con llamados a declarar y de ejecutivos directamente responsables de la operación con miembros de juntas directivas tomando decisiones globales deja la sensación de que todos tendrían el mismo nivel de responsabilidad y por los mismos delitos. Y no. No es lo mismo que un funcionario haya permitido, por ejemplo, la doble facturación de un servicio para enriquecerse, de manera ilícita que unos directivos de Ecopetrol que heredaron una refinería a medio hacer, ya mucho más costosa que lo previsto originalmente, y decidieron que continuar la obra resultaba menos oneroso para la Nación que detener la obra.
De nuevo, el trabajo de la Contraloría y de la Fiscalía para entender lo que pasó en Reficar es bienvenido y necesario. No sólo desde el punto de vista criminal, sino también si hubo negligencia. Pero debemos cuidarnos de vociferar cualquier hallazgo, por menor que sea, y acompañarlo de señalamientos por investigaciones en curso y, peor aún, por responsabilidades que no están claramente diferenciadas. El compromiso de los entes de control con desmantelar la corrupción no puede hacer del servicio público un infierno al que ningún colombiano quiera darle una oportunidad.
Advertencia: Una de las personas llamadas a declarar por la Fiscalía estuvo casada con el director de este diario.
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