Reforma a la educación superior

LA PROPUESTA PARA MODIFICAR la Ley 30 que rige a la educación superior desde 1992 fue puesta a discusión este jueves por el Gobierno Nacional.

 La presentación tranquilizó a la comunidad académica, la cual temía que el proyecto fuese presentado al Congreso sin discusión previa. Recelo sin duda justificado, no porque fuera la reforma una farsa, sino porque, al contrario, es ambiciosa y puede llegar a ser el impulso que necesita el país para mejorar sus indicadores, que no dejan de ser preocupantes. La tasa de cobertura es del 34,5% — y eso que incluye, desde la administración de Uribe, los cerca de 170 mil cupos del Sena, no todos con el respaldo de los registro avalados de sus programas—, mientras que, por ejemplo, en Chile la cobertura es de 52,1%, en España de 70,6% y en EE.UU. de 82,9%. La calidad tampoco es la anhelada; para esto basta saber que solamente el 4,5% de los profesores del país tienen estudios de doctorado. Y, finalmente, la deserción anual, cuya principal causa es la dificultad académica de los estudiantes, se mantiene en los dos dígitos: 12,4%.

Para mejorar en estos aspectos, lo dijo bien el presidente Santos, “se necesita plata, y mucha”. En este sentido hay propuestas interesantes. Entre ellas está la de permitir las ganancias privadas en las instituciones de educación superior, actualmente, por legislación, sin ánimo de lucro. El modelo no está probado, pero en Brasil dio resultados y atrajo inversiones que aumentaron la oferta educativa en un 20%. Como toda iniciativa, ésta tiene riesgos y el principal es la calidad. Sin embargo, lo mínimo que podemos esperar del Gobierno, en especial si pretende incentivar la demanda con dineros del Icetex, es que garantice ciertos estándares. Y esta vez sí tiene con qué: a diferencia de la Ley 30, la reforma goza de dientes. De hecho, redefine los criterios para llevar los distintos títulos —institución universitaria, tecnológica, técnica profesional— y tiene cómo poner a muchas en cintura. Aunque hay quienes dudan de la viabilidad política de este punto —hay casos de prestigiosas universidades que no cumplen con el número de profesores de planta, por ejemplo—, sería sin duda un avance.

Políticamente complejo sería también el punto que pide a los estudiantes subsidiados devolver una parte de los dineros públicos una vez entren al mercado laboral y logren cierta cantidad de ingresos. Esta propuesta es valiosa, pues los dineros serían devueltos, en cuotas bastante diferidas, no a las cuentas nacionales, sino directamente a la universidad que se encargó de formarlos, para que ésta tenga un flujo de recursos adicionales para las siguientes generaciones. Qué tanto se deberá devolver será determinado por cada universidad, pero nunca será la totalidad del subsidio del Estado y, en un mal caso que el estudiante no logre incorporarse a la vida laboral, o que no logre ganar lo suficiente, será retirado del mecanismo de solidaridad y por tanto de la deuda. Un verdadero pacto social.

A pesar de las interesantes iniciativas, que vale la pena revisar, éstas serán insuficientes para recaudar los recursos necesarios para generar el conocimiento y las capacidades adecuadas para impulsar el desarrollo del país. Se quedarán cortos también los tres puntos porcentuales de aumento en el presupuesto que anunció el Gobierno para completar en 2019. Dineros que, por lo demás, deben ser estables y no, como se sugiere con la reforma, hacer parte de fondos comunes, en especial si éstos son administrados por instituciones que han salido mal libradas en los índices de transparencia, como Colciencias. Con la nueva reforma, todas las instituciones de educación superior deberán hacer públicos, y en detalle, sus presupuestos, mejorando así el sistema de rendición de cuentas. Qué sucede con el dinero es algo que se podrá ver. Ahora falta pensar cómo conseguir todo lo que falta.