El Gobierno Nacional está concentrado en aprobar una reforma al sistema electoral que ha planteado como estructural y solución para los profundos problemas de corrupción que hay en el ámbito político de Colombia. Sin embargo, además de que algunas propuestas no atienden las raíces de los incentivos que permiten la corrupción en la política, el afán evidenciado por la administración de Juan Manuel Santos parece querer utilizar irresponsablemente la vía del fast track para evitar debates complejos y que deberían darse con profundidad.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está a la cabeza de la iniciativa propuesta por el presidente Juan Manuel Santos y la semana que termina adelantó reuniones con todos los partidos políticos para que ayuden en la elaboración de la reforma. Como lo dijo Mauricio Lizcano, presidente del Congreso, “los partidos políticos queremos reformarnos, queremos un sistema político más dado a la ciudadanía, que elimine la corrupción y que realmente haya unos cambios de fondo en el sistema electoral colombiano”. Si bien es difícil discutir con esas buenas intenciones, el diablo está en los detalles y no sobra preguntarse: ¿es conveniente empujar tan aprisa una reforma en plena época electoral y aprovechando el contexto del proceso de paz?
La pregunta es una respuesta directa a lo dicho por Cristo, quien anunció “no demorarnos más de dos o tres semanas en esa discusión para comenzar a presentar los proyectos al Congreso de la República vía fast track o vía ordinaria según vayamos decidiendo”. Para nosotros lo evidente es que la reforma deberá tramitarse por la vía ordinaria. ¿O es que acaso la paz necesita con urgencia, por ejemplo, que el período presidencial sea de cinco años? ¿Cuál es esa relación directa y, sobre todo, esencial que resultaría en abandonar un proceso legislativo largo y bien pensado? ¿Por qué, si estas ideas ya antes han intentado hacerlas pasar en el Congreso, ahora sí parece haber voluntad y quiere aprovecharse el mecanismo expedito?
El Gobierno y la Unidad Nacional no pueden olvidar que la legitimidad del Acuerdo de Paz, altamente cuestionada por las maromas que se realizaron para su “refrendación”, pende de un hilo y requiere que todo lo que se apruebe de manera extraordinaria tenga justificación directa. De lo contrario, no será difícil que sigan predominando los discursos que ven en el fast-track una burla a los procesos legislativos establecidos por la Constitución.
Especialmente porque una aprobación exprés de la reforma electoral no garantiza su buen resultado. Para empezar, varias de las propuestas dadas a conocer no atacan las raíces de la corrupción. ¿Qué diferencia hay entre un vicepresidente y un designado? ¿Hace mucha diferencia un año más en el período de los mandatarios?
Por su parte, las propuestas que sí son interesantes traen consigo temas delicados que es mejor discutir con el debido tiempo. La financiación estatal, por ejemplo, no elimina el problema de la influencia de dineros como los de Odebrecht. Lo mismo con la eliminación del voto preferente: ¿tenemos un sistema de partidos y de vigilancia listo para que eso no sea una herramienta para centralizar la corrupción? El voto obligatorio, tal vez la propuesta más llamativa de todas, ya tiene un pasado de fracasos en el Congreso como para que ahora se busque aprobarlo sin mayor debate.
Estamos de acuerdo, entonces, con la necesidad de una reforma electoral. También creemos que el Congreso debería priorizar el tema, pero hacerlo por la vía ordinaria y con la seriedad que amerita el tema. Ante la omnipresente corrupción, no son útiles los paños de agua tibia que, además, se quieren pasar de afán.
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