Y estadísticas y estudios serios y análisis de prospectiva, entre otro poco de reguero de términos técnicos que son los que han de usarse para esos efectos. Las reformas políticas que se han planteado en este país en su historia reciente obedecen en muchas ocasiones a caprichos políticos del momento. Y, por ser de esa misma naturaleza, es que acaban siendo talanqueras del buen desempeño del Estado mismo.
Por no irnos muy lejos, y como lo mencionamos en este espacio desde su creación, la figura de la reelección presidencial ha ocasionado una modificación drástica y nefasta del sistema de pesos y contrapesos colombiano. Es una institución que no estuvo pensada para el país que tenemos ni sus corporaciones públicas, muchas de ellas dependientes de alguna decisión del Ejecutivo que, reelegido, puede incidir en la burocracia y la politiquería. Y ese tan solo es un ejemplo.
Empezando ahora una nueva legislatura es obvio que mucho de lo que se discutirá en el futuro será la reforma al Estado. Una reforma política y electoral que arregle muchos de los defectos que tiene el Estado colombiano. Esperamos, entonces, que esta no sea la ocasión, como hace cuatro años, en la que se esperaban una serie de reformas y, unas veces por la complacencia impávida del Legislativo y otras por la impaciencia del Ejecutivo ante las presiones, no pudieron darse. Si existe una oportunidad, y un Congreso con líderes que pueden promover debates, pues es ahora. Ni lo uno ni lo otro puede pasar. Nuestro mayor temor, por supuesto, es que el debate en el foro democrático se ahogue en las luchas intestinas entre los contradictores políticos que fueron elegidos. Y si bien ese escenario es el propicio para adelantar discusiones de ese estilo, muchas otras cosas pueden ser debatidas allí.
La base para una reforma al Estado está presentada. Falta debatirla. Falta encontrar sus puntos débiles y fortalecerlos, aceitar la maquinaria, ajustar los detalles.
Tenemos, por ejemplo, el proyecto del Partido de la U, que consta de 28 artículos, entre los que se destacan propuestas como la eliminación de la figura de la reelección presidencial, la ampliación del período en el poder ejecutivo a cinco o seis años y la eliminación de la puerta giratoria entre los magistrados de las altas cortes. También cosas grandes (aunque complejas) como la implementación del voto obligatorio y cambios en la elección de los congresistas (de tener cuidado, ya que ellos son los que legislan sobre su propia suerte).
Y así, por ese mismo camino de reformas al Estado, el Centro Democrático del senador Álvaro Uribe, y también el Partido Liberal, quieren adelantar una serie de reformas electorales y políticas que van por los mismos temas pero con cotas distintas, propuestas divergentes.
Hay que advertir lo necesario: esto de reformar al Estado no es una cuestión de cambiar un “articulito” y dejar las cosas así. Si se quiere que le democracia funcione hay que dejar el sistema operante: que corrija sus propios errores, que ninguna rama del poder público sobrepase a la otra, que primen las instituciones y no los nombres. Es por eso que, mucho más allá de oponernos a que las reformas se hagan sin pensar en el sistema, pedimos que estos debates se hagan lo más técnicos posibles. Ya habrá oportunidad para pronunciarnos puntualmente.