Refrendación de la sociedad

EN UNA INESPERADA DECISIÓN, EL gobierno de Juan Manuel Santos ya mostró la carta que quiere jugar para que la sociedad colombiana apruebe lo que en La Habana se logre acordar con la guerrilla de las Farc: más que la paz (mucho más), todo el conjunto de propuestas y de acuerdos convenidos. Ha optado por la figura del referendo constitucional.

Lo ha hecho el presidente por encima de la petición de las Farc: una Asamblea Nacional Constituyente. No podemos estar más de acuerdo. Las constituyentes son verdaderas cajas de Pandora, donde cualquier modelo de Estado puede ser discutido (y votado, respaldado por mayorías a veces insensatas) y donde se sabe bien cuándo y cómo se comienza pero no cuándo y dónde todo termina. Hay opciones que sacrifican menos la estructura total de la Constitución de 1991, que con todos sus bemoles es un logro que harto esfuerzo costó. Y son buenas opciones de refrendación.

Las Farc, tan leguleyas como siempre, han decidido levantarse de la mesa (momentáneamente, que no se piense lo contrario) para analizar el contenido de lo que el Gobierno presentó. Pues que lo hagan. Están en su derecho. Más en tanto se trata de una decisión sorpresiva, no consultada ni discutida en la mesa y en todo caso definitiva sobre el futuro de lo que se acuerde.

El presidente Santos, de manera un tanto acalorada, ordenó el viernes a sus negociadores en La Habana que se devolvieran y declaró que no es la guerrilla quien decide las pausas o la suspensión del proceso. En este tire y afloje, lo único que esperamos es que los diálogos se reanuden pronto. Mañana mismo, si es posible. Y que sigan discutiendo, por favor, la posibilidad de no seguir matándonos entre nosotros a balazos.

Ahora bien, ¿es viable lo que el Gobierno ha propuesto? El proyecto de ley estatutaria que se planteó, pese a que es corto, sí tiene una serie de implicaciones muy grandes que deben ser discutidas con calma. Dice su artículo segundo que un referendo constitucional, con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado, puede coincidir con otros actos electorales. Es decir, ya en términos prácticos, que de aprobarse esta ley, el presidente podría matar dos pájaros de un solo tiro: reelección presidencial y, de paso, refrendación del acuerdo final. Todo en un solo día.

Es, cómo negarlo, una jugada inteligente: de esta manera se podría sortear el abstencionismo tan alto que puede haber en un evento electoral apenas para referendo. Pero, ¿es válido a nivel jurídico? Al parecer sí. Con esto se superan las imposibilidades planteadas por la ley 134 de 1994, que de hecho ya con el último referendo se obviaron parcialmente cuando se realizó el mismo fin de semana de las elecciones. Claro, existe la duda que ha planteado el procurador general sobre la conveniencia de atar el proceso de paz a las elecciones, pero ¿acaso alguien dudaba que, con o sin referendo, en las próximas elecciones los colombianos íbamos a decidir en función del proceso de paz?

Una definición tan crucial para el curso del país como puede ser un acuerdo de paz requiere de la ratificación de la sociedad para ser sólida y duradera. Y en ese sentido, las lógicas y válidas prevenciones de corte jurídico y político parecen desvirtuarse ante la aspiración a que más colombianos participen de la decisión. ¿Que es una jugada para que el eventual referendo logre cumplir el umbral mínimo y así ser válido? Quizás sí, pero ello es conveniente. ¿Qué tal lograr un acuerdo para dar fin, por fin, a nuestro conflicto y que no se pueda refrendar, no porque la mayoría no lo aprueba, sino porque no consiguió el mínimo de votos? Grave.

Avances y no dilaciones irracionales es lo que necesita este proceso para que se gane el respaldo popular que haya de refrendarlo, ojalá tan pronto como en las próximas elecciones. Que respiren, vuelvan y negocien más. Es lo debido.