Tiene razón el fiscal (así desde su puesto independiente suelte una tesis que le facilita las cosas al Ejecutivo): con los mecanismos que tenemos en nuestro ordenamiento basta y sobra. No es necesaria una aprobación masiva de lo acordado cuando el derecho pone a la mano las leyes, los decretos, las reformas constitucionales y los mecanismos ordinarios del día a día político.
Mucho es lo que nos ahorraríamos a nivel operativo si esta votación no tiene cabida: dejaríamos en las instituciones la libertad de tramitarlo en términos más simples y efectivos. Es más, nos ahorraríamos, de paso, la decepcionante eventualidad de que los acuerdos metódica y largamente trabajados no fueran aprobados por la sociedad o, peor, que ni siquiera tuvieran la atención necesaria por parte de la ciudadanía para superar un umbral. No es poco lo que está en juego cuando uno quiere someter a votación popular una iniciativa. Por eso mismo es que no se hace tanto.
Se podría argumentar que entre menos obstáculos haya es mejor para que este proceso de paz logre el objetivo. Pero no. No puede ser ese el razonamiento. Sencillamente porque sería una traición a lo prometido desde el comienzo. Y sería incumplir uno de los dos pilares de este proceso.
Si bien el elemento hermético debía darse en términos de eficacia (y de opinión pública), el compromiso equivalente que se adquirió fue el de refrendación al final del proceso: que después de tanto secreto el pueblo conociera los contenidos de este episodio histórico y les diera su visto bueno. Nos parece deshonesto, ahora, que se proponga una cosa sin la otra. No hay contrapartida en esa nueva ecuación.
Por otra parte, está el elemento soberano: eso de que las personas aprueben el contenido es mucho más que un símbolo: se trata, en este caso específico, de un conflicto armado de medio siglo que ha llegado a ocupar la voluntad política de la mayoría de ciudadanos de este país. Si no es por las Farc y la guerra contra ellas la historia de este país sería muy distinta. El asunto de acordar la paz, por lo tanto, debe pasar por un aval democrático que se salte los elementos representativos: la aprobación de todo el asunto debe ser directa. Los representantes ya hicieron lo suyo. A la sociedad le toca abrir un capítulo nuevo.
El último elemento que vemos importante es el largo plazo. Si hoy hay una seria oposición sobre lo que se hace no queremos imaginarnos el mucho ruido que habrá sin un aval democrático directo. Esto blindaría la aprobación del proceso, los mecanismos de justicia transicional, la posibilidad de representación política de los guerrilleros...
No es fácil, ni mucho menos. El tiempo corre y seguimos sin acordar el mecanismo adecuado para llegar a las urnas. Entre una Asamblea Nacional Constituyente (que piden las Farc) y un referendo constitucional (que esgrime el Gobierno) hay muchos puntos medios que distintos juristas han expuesto a lo largo de estas conversaciones.
La testarudez de las partes, o la falta de imaginación, no pueden ser el caldo de cultivo para un capítulo final rápido y sin consenso. Ya sabemos que a nivel normativo no es necesario. Eso está claro. Pero, como hemos dicho en varias ocasiones desde este espacio, antes que lo jurídico viene lo político. Sobre todo en un proceso de paz. Mucho más allá que populismo, la refrendación se vuelve un elemento del corazón de una democracia moderna.
Para los atajos, por lo tanto, no hay lugar.
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