Regular el derecho a hacerse daño

No suena muy bien en el actual escenario mundial: incluso EE.UU. ha aceptado el gran fracaso que es la lucha contra las drogas. Pero insisten en ello sin miramientos, como el que va nadando en un río a contracorriente. El artículo 49 de la Constitución quedó modificado dando paso a la prohibición y ordenando que el enfermo dé su consentimiento informado para recibir el tratamiento.

Escandalizados con la medida, un grupo de ciudadanos presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el acto legislativo que planteaba la modificación, con la inocente esperanza de que esa corporación pudiera poner freno a lo que muchos constitucionalistas expertos llaman un retroceso —y lo es frente a la Constitución original, que dejaba abierta la posibilidad de que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida y su salud—. Pero no. La Corte calló ante el asunto diciendo que se inhibía para tomar la decisión.

No pasaron dos semanas desde entonces y el Congreso, a través del Partido Conservador, trabajó a todo vapor para legislar sobre la regulación de esta materia. Así, se radica ahora un proyecto de ley “por medio del cual se establecen medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman sustancias estupefacientes”. Pese a que el proyecto hace bien al trasladar el asunto a un problema de salud pública —donde siempre ha debido estar—, falla en muchos otros aspectos. Tres, particularmente.

Está, por ejemplo, el tema de las campañas preventivas y las sanciones, donde se castigará a aquellos medios de comunicación que “inciten” al consumo de drogas a través de sus programas. En un país como Colombia, donde el narcotráfico está en todas partes, ¿qué significa esto exactamente? No es muy claro si se va a castigar a las emisoras que reproduzcan canciones como las de rock de los años 60, o de pronto a los canales que muestren películas colombianas o extranjeras donde salgan grandes ídolos consumiendo marihuana o cocaína. ¿Y los canales qué harán? ¿Recortarlas, editarlas, ponerles una pequeña censura en sonido de timbre?

Se pretende, también, realizar capacitaciones y entrevistas rigurosas con los adictos para rehabilitarlos del todo. ¿Por qué no se hace esto mismo con los adictos al alcohol o al cigarrillo? Aparte del tema de la legalidad, ¿qué hace a unos y a otros tan diferentes?

Por último está el tema más controversial: la creación de unos Centros de Atención para la Drogadicción (CAD) que funcionarían a manera de CAI, pero con el fin de recluir allí a los adictos. Estarían conformados por psiquiatras, agentes del Ministerio Público, Policía Judicial y Policía Nacional. El proyecto no ofrece un número específico de médicos en un país de dos millones de consumidores, ni tampoco es muy claro en regular el tema del “consentimiento informado”, esto es, que el enfermo no quiera curarse con el tratamiento sino persistir en su problema. ¿Qué irán a hacer con él? ¿Obligarlo? Además, se propone que haya policías vigilando a los enfermos, una práctica poco común en hospitales y clínicas, que se piensa implementar aquí como si fuere un centro de reclusión, contradiciendo en todo lo que la Constitución manda: que sea un asunto de salud y no de orden público.

Por ahora, se queda muy corto el proyecto de ley en regular de una manera adecuada la prohibición del consumo. Las medidas son ante todo represivas y no dan cabida a opciones mucho más respetuosas del derecho de los consumidores. Esto es sólo un reflejo de lo que está detrás: persistir en el castigo al consumo, seguir yendo por la senda de la que el mundo se está alejando y contrariar los mandatos del sentido común sobre el tema.