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El Concejo de Bogotá no debería darle más largas al plan de rescate social y de financiación de Transmilenio para 2021 que presentó la Alcaldía. Aunque varias de las críticas elevadas por concejales son valiosas y necesarias, el debate sobre cómo debe operar el transporte público en la capital del país no puede realizarse en medio de una emergencia. El riesgo de que cerca de dos millones de personas se queden sin una herramienta esencial para sus desplazamientos es muy grande para jugar a la política con una medida necesaria. Eso no significa que la conversación se cierre con la aprobación: es hora de repensarnos Transmilenio, el Sistema Integrado de Transporte Público y, aunque todavía esté lejos, el metro de Bogotá.
En el Concejo se han presentado varias dilaciones al plan de rescate propuesto por la administración de Claudia López. La principal molestia es que en un mismo proyecto se unieron apoyos monetarios a las personas de escasos recursos con un plan de financiación para Transmilenio. En efecto, es extraño que se hable de rescate social cuando el principal rubro ($1,1 billones) se destinará al sistema de transporte. Varios concejales expresaron su molestia de que se mezclen los $670.000 millones para transferencias a hogares pobres y vulnerables con ese otro monto. Sin embargo, la conclusión debe ser la misma: hay que aprobar el rescate.
Sobre el apoyo a los ciudadanos hemos dedicado varios editoriales. Por eso solo repetiremos lo esencial: es necesario ayudar a quienes más lo necesitan en medio de la pandemia. Esos planes de choque ambiciosos serán claves para que el abismo de desigualdad no siga empeorando. Además de las transferencias directas, la Alcaldía propone planes para generación de 400.000 plazas de trabajo, educación para jóvenes y mujeres, 3.000 subsidios de vivienda y demás acciones que permitirían que unas 250.000 personas salgan de la pobreza. Es un fin sobre el que debería haber consenso político.
La pregunta polémica es por qué Transmilenio necesita un rescate. La respuesta corta es la pandemia. Por el cambio de comportamientos, hoy la demanda del sistema está en un 80 % en comparación con los flujos de 2019, mientras que el 100 % de la flota sigue en operación. Esto, para un servicio subsidiado que de por sí opera en déficit, es una condena mortal. Hablando con El Espectador en mayo de este año, Felipe Ramírez, gerente de Transmilenio, dijo que el sistema podría cerrar 2021 con un déficit de $2,2 billones. Ante eso, la Alcaldía pide $1,1 billones para garantizar su funcionamiento.
Es cierto que la realidad del transporte cambió. Con el aumento del teletrabajo, ahora serán menos las personas que necesiten Transmilenio. Con la futura entrada del metro también se adicionan consideraciones. Eso es suficiente motivo para entrar a renegociar los contratos con los operadores privados y, también, pensarnos el tipo de modelo que queremos para el futuro de la ciudad. Pero esos diálogos no pueden hacerse condicionando la aprobación del plan de rescate.
Los concejales deberían continuar la conversación. Desde la Alcaldía han dicho que hay voluntad de hacerlo. Que esa sea una prioridad para el resto del año y 2022. Mientras tanto, el sistema no puede colapsar.
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