La responsabilidad de la Iglesia

¿Quién debe responder por los casos de pederastia cuando el violador hace parte de la Iglesia? Esa es la pregunta que respondió la semana pasada la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una sentencia que, sin duda, marcará un cambio en cómo la justicia se aproxima a estos delicados casos. En lo particular, es obvio que la persona que abusó de los menores debe pagar penalmente por su delito, pero con la decisión se abre la puerta para una reparación novedosa: la Iglesia católica colombiana, como superior del violador, deberá indemnizar civilmente —es decir, en dinero— a las víctimas del abuso. Pese a la indignación que causó la decisión entre los dirigentes de la Iglesia en Colombia, desde este espacio no podemos dejar de celebrar una medida que, además de ser un natural desarrollo del régimen de responsabilidad civil, esperamos que sea suficiente presión para que se tome en serio un problema que tiende a ser silenciado.

El caso puntual, como todos los de abuso de menores, es trágico. Luis Enrique Duque Valencia, sacerdote en la parroquia San Antonio de Padua, de Líbano (Tolima), recibió de una familia desplazada el cuidado temporal de dos menores de edad, dada su situación de pobreza. Ese encargo, por cierto, sólo pudo presentarse por la autoridad moral y la confianza que un representante de la Iglesia genera en las personas. El cura se aprovechó de la situación y durante dos meses abusó de los niños. Según testimonio del padre de los menores, en Líbano también hay otros casos de abusos realizados por Duque, pero el sacerdote los silenciaba con sobornos.

Ante la situación, los padres de los menores denunciaron penalmente al sacerdote —lo que terminó en una condena de 18 años y cuatro meses de prisión— y, además, pidieron la responsabilidad civil de la Iglesia, que desencadenó en la sentencia mencionada de la CSJ.

La Iglesia insiste: ellos no tienen por qué responder por los actos aislados de un individuo. Por eso, monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, ha repetido con vehemencia que la “condena a la Iglesia por casos de pederastia es una ofensa”.

Sin embargo, no podemos compartir esa idea. En derecho, hay jurisprudencia y doctrina de sobra que desarrollan la responsabilidad de los agentes de una empresa. Es así como, si un empleado, con ocasión de sus funciones —es decir, en desarrollo de su trabajo para la empresa— causa un daño, la compañía es también responsable de indemnizar por ese daño. El motivo es que, cuando operan jerarquías de poder para prestar un servicio, la empresa debe ejercer un control adecuado de sus agentes. De lo contrario, siempre podrían lavarse las manos.

En este caso, una persona que es agente de la Iglesia adquiere acceso a un montón de espacios sociales habitualmente íntimos, y su actuar en ellos se da con ocasión de su cargo —repetimos: el sacerdote no hubiese tenido a su cuidado los niños si no tuviese el aparente respaldo de la Iglesia—. Por supuesto que la función de Duque no era abusar, pero ese no es el punto. La Iglesia, por tener capacidad de conferirles a las personas la autoridad de llamarse “sacerdotes”, debe tomar las medidas necesarias para evitar que se abuse de esa confianza, y es responsable cuando sus agentes causan daños gracias a ese cargo.

La Iglesia, comandada por el papa Francisco, ha empezado un proceso de reconocer sus errores en el tratamiento de los abusos. El silencio cómplice del pasado no puede perpetuarse y esta sentencia es un incentivo más para tomar medidas contundentes para erradicar este crimen que, si bien no es exclusivo de personas en sus filas, sí ha encontrado un espacio propicio en el secretismo de las iglesias del país y el mundo. No es una ofensa, sino un mensaje: para que esto no se repita, necesitamos que la Iglesia deje de verlo como un tema de manzanas podridas aisladas.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.