Responsabilidad del Estado

Habla el tribunal en términos gruesos, contundentes, que, en cierto sentido histórico, hacían falta en este país: menciona que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de las personas que fueron consideradas como sospechosas de ayudar a esa guerrilla. Eso es bastante; y lo es mucho más allá de las demás consideraciones jurídicas explícitas en el documento de 212 páginas que entregaron: se siente como un trago de agua fresca.

Claro que ha habido decisiones en nuestra propia justicia que ayudan a entender el entramado: pero esas fotografías instantáneas que relatan apenas un momento de lo sucedido en esos dos largos días son poca cosa al lado de la realidad entera que queremos conocer. Son sólo eso, momentos. Cosas que ciertas que sirven para suponer otras. De ahí la necesidad de escribir esa historia con condicionales. A excepción del Informe de la Comisión de la Verdad, que aclaró algunas cosas (lo previsible de la toma, quién dio la orden, cuál es la responsabilidad de los altos militares, la proporción de la respuesta del Ejército), es poco lo que tenemos a nivel judicial.

¿Importantes las decisiones nuestras? Pues sí. Pero la historia, y la justicia, no deberían ser una sola colcha de retazos. Al menos no a esta altura: el siguiente año se cumplen 30 de la tragedia, siendo poca la claridad que hay en torno a ella. Está la condena (ratificada hace poco por el Tribunal Superior de Bogotá) al general Armando Arias Cabrales por la desaparición forzada de cuatro personas. Está también el caso del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, condenado a instancia del Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de cárcel por la desaparición de otros dos: el caso está pendiente de un recurso de Casación en la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado también puso una carta: la indemnización de  25 millones de pesos al grupo familiar de Irma Franco.

En esta ocasión la Corte IDH hace una sentencia más comprensiva aunque menos detallada: el Estado es responsable por las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León; así como de dos visitantes del Palacio: Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao; y de una guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda. También por la desaparición forzada y posterior ejecución del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. También por la detención arbitraria de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, catalogados de facto como colaboradores del M-19.

Y así. Más órdenes y pagos y promesas que el tribunal mismo verificará. Lo importante, digamos, mucho más allá de todo esto, es el símbolo: hay un afán para saber qué pasó esos dos días. Para encontrar a nuestros muertos. Ojalá el Estado, mucho más allá de un par de cuñas radiales, se esfuerce para saber qué pasó: no podemos esperar otras tres décadas.