Salario mínimo: más allá de una cifra

El presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, han hecho explícita la intención de llegar a un consenso, pero las posibilidades de que ello suceda se ven muy lejanas, dadas las expectativas que tienen las partes. Lo más seguro es que, como en los últimos cinco años, se termine definiendo el ajuste por decreto. Es decir, la misma historia de siempre por estas calendas.

Encontrar una cifra ideal es sencillamente imposible. Y determinar si tal o cual porcentaje es “una oferta realmente miserable”, como calificó el vicepresidente Angelino Garzón la que los empresarios llevaron a la mesa, o generadora de desempleo, como muchos han dicho de las que han venido barajando las centrales obreras, no pasa de ser un ejercicio de corte más político que técnico que no definirá la cifra final. Que, por lo demás, sea la que fuere, no va a transformar tampoco de manera radical la vida de los colombianos más pobres. Y no porque una mejora en el poder adquisitivo de los últimos en la fila de los asalariados no les pudiera ayuda en algo ante las tremendas dificultades de vivir con apenas $566.700 al mes, sino porque la mayoría vive en la informalidad y no va a ser beneficiaria o afectada por la cifra que se acuerde o se fije por decreto.

Si casi un 70% de los trabajadores en Colombia opera en la informalidad, la formalización está en el centro del debate y la definición del ajuste del salario mínimo no puede soslayar dicho debate. Por eso se entiende la posición, aunque suene antipática y hasta irracional, de quienes sostienen que es necesario el abaratamiento del mercado laboral formal. Estudios comparativos muestran que el salario mínimo colombiano es proporcionalmente uno de los más altos en América Latina. Y también que ese salario mínimo es en realidad considerablemente superior a lo que paga en promedio a ese tipo de empleos el global de nuestra economía. La conclusión lógica, bajo esas premisas, que son ciertas, es que un aumento significativo en el salario mínimo lo que provocaría sería un aumento de la informalidad, con el efecto de una fuerza de trabajo en condiciones precarias y mal pagas. Los beneficiados con el incremento serían unos privilegiados, mientras mantengan su empleo formal.

Sin embargo, el planteamiento no deja de ser cínico en el país más desigual de América Latina después de Haití. Es cierto que conforme la economía ha venido mostrando interesantes crecimientos, la tasa de desempleo ha venido bajando de manera continua. Pero no al mismo ritmo que se ven grandes ganancias en los potenciales empleadores. Hacer menos costosa la formalización —que es el propósito de la reforma tributaria con la suavización de los llamados parafiscales— puede que ayude a cerrar la brecha, pero no es claro que en un mundo empresarial que presiona por mayores retornos, con exigencias permanentes de crecimiento incluso cuando éstos vienen prósperos, el aumento de los empleos formales llegue automáticamente.

La misma puja de final de año por una cifra que siempre será insuficiente o inconveniente, depende desde dónde se mire, no parece pues definir nada esencial. La mayoría de la fuerza laboral colombiana —desempleados e informales— no cuentan en esta definición. Uno esperaría, entonces, una mayor creatividad de parte de gobierno, empresarios y sindicalistas para que el bienestar de los más pobres, todos y no solamente los asalariados, sea el objetivo. Una meta que, por lo demás, nos beneficiaría a todos.