No se entiende cómo a una entidad que estaba sometida a la vigilancia especial de la Superintendencia de Salud, porque no cumplía con los márgenes de solvencia, se le levanta la medida y al día siguiente la misma EPS hace evidente su situación crítica en una asamblea en la que se discutieron las últimas alternativas antes de pensar en una liquidación.
Surgen dudas también sobre la venta de los activos de la EPS durante la época en que estaba sometida a la vigilancia. Aunque se justifica como una medida necesaria para darle solvencia, junto con la capitalización que realizó el grupo empresarial, no tiene presentación que a una empresa que habla de la posibilidad de liquidación se le permita vender sus activos al grupo empresarial que es su principal accionista, con lo cual, ante una eventual liquidación, las deudas quedarían sin respaldo alguno.
La preocupación que han mostrado los hospitales y clínicas a los que la EPS les adeuda, según la publicación, cerca de $250.000 millones con cien días de vencimiento, es, pues, justificada. Tanto más en cuanto una de las propuestas que les ha hecho Coomeva EPS es pagarles parte de la deuda con acciones, alternativa que no convence pues el precio de la acción se verá afectado por toda esta situación.
La otra alternativa de pago propuesta a los hospitales es la de constituir una fiducia con los dineros que supuestamente le adeuda el Fosyga, lo que constituye un hecho incierto, pues mientras la EPS espera que le paguen cerca de $350.000 millones, el propio ministro de Salud dice en la misma publicación que, a su entender, probablemente no podrá pagar más de la tercera parte de esa cifra, pues muchos de los recobros presentan fallas insubsanables.
En estas condiciones, muchos hospitales están reacios a aceptar las propuestas de Coomeva EPS, mientras la empresa confiesa que “el hueco financiero es inmanejable” y trata de responsabilizar a los prestadores de su supervivencia en caso de que no acepten sus propuestas. Sus casi tres millones de afiliados se preguntan cuál será su suerte ante los problemas tan graves de la EPS a la cual se encuentran vinculados.
No se trata de un problema menor, pues se trata nada menos que de la segunda EPS del país por número de afiliados, y la primera, Saludcoop, ya está intervenida por el Estado por los hechos ampliamente conocidos. Esto, además, en un escenario en el que la situación de las EPS del régimen subsidiado no es mejor, a lo que se suma la petición de los secretarios de Salud para que sean eliminadas. Con razón hay un clamor en la sociedad para que se revise el papel de estas empresas, su justificación, su rediseño o hasta su eventual desaparición.
Este es el problema que tiene hoy en sus manos el Ministerio de Salud. Por una parte, no puede evadir su responsabilidad en todo el episodio de Coomeva y no puede permanecer al margen de su manejo en estos momentos críticos; pero, por otra, debe incluir una solución definitiva para todas estas situaciones en la propuesta de reforma que ha anunciado y que el país está en mora de conocer, pues estamos ya a pocas semanas de que se inicie la legislatura y, en contraste, la reforma laboral ya lleva varios días de debate ante la opinión pública.