Se trata de un maravilloso espacio con reconocidos valores naturales y culturales. Fuente de agua, sitio de importancia mundial para la conservación de las aves y paisaje de belleza singular.
Cuando se observa por doquier el deterioro avanzado de los ecosistemas de aguas dulces del país, en ríos canalizados y contaminados y lagunas en estado crítico, como Fúquene, se entiende la necesaria prioridad de evitar, a toda costa, que el lago de Tota siga un camino similar, que ya se está recorriendo.
El problema más urgente es el avance de la industria de cultivo de la trucha en jaulas flotantes, actividad que en otras latitudes ya está totalmente proscrita para evitar la contaminación de los lagos de aguas claras de montaña. El cultivo de la trucha debe pasar a estanques tecnificados por fuera del lago. Además, es de gran importancia, para mantener la calidad del agua, limitar las prácticas agrícolas en las riberas y la contaminación de los crecientes centros urbanos, como ya sucede con el deficiente sistema de aguas servidas de Aquitania.
El amenazado equilibro ecológico del lago debería ser el resultado de un equilibrio adecuado entre las demandas de la industria turística por infraestructura, espacio y las mismas truchas, y el próspero cultivo de la cebolla que sale de la región.
Maximizar la producción de la cebolla con abonos orgánicos frescos hasta donde el espacio lo permita, significa sacrificar el lago. Dejar urbanizar sus riberas para que cada propietario pueda disfrutar su vista individual sobre el lago es sacrificar el valor estético del espacio colectivo.
En Colombia tenemos muy pocos lagos, por eso sería totalmente inaceptable que Tota resultara perdiendo sus atributos naturales y culturales. Un poco menos de cebolla podría ser compensado a través del pago por el servicio ambiental del agua de parte de 500 mil personas aguas abajo y algunas industrias. Ordenar el territorio no es sólo un asunto de disposiciones que terminan con el famoso “publíquese y cúmplase”, sino de definir mecanismos concretos para construir los necesarios equilibrios económicos y ecológicos en los territorios.
Con la petición ciudadana en curso no sólo está en juego de nuevo la eficiencia de las autoridades ambientales, sino la capacidad del Estado para garantizar el derecho constitucional al ambiente sano. La diferencia de fondo aquí es que en los lagos de aguas claras las acciones tienen sólo un momento de oportunidad, antes de que cambien hacia un estado de deterioro de difícil retorno.
Se debe establecer de inmediato una veeduría ciudadana calificada que, con los debidos refuerzos, podría estar liderada, incluso, por instituciones tan respetadas como el Instituto Humboldt, para que haga seguimiento con indicadores concretos sobre el devenir de este lago. ¿Tendremos los colombianos que lamentar también la pérdida de este lago, el más importante del país?