Omitiendo decir si se acataba o no la sentencia, aquel día de sombría recordación que fue el 19 de noviembre pasado, el presidente Juan Manuel Santos convocó a un grupo de abogados nacionales para estudiar y explorar los alcances de la decisión, y pocos días después designó a la prestigiosa firma Volterra Fietta, con sede en Londres, para que emitiera su opinión experta sobre el curso de acción a seguir; en especial, acerca de los recursos de interpretación y revisión que ofrece el estatuto de la alta corte.
Desde entonces hemos asistido a un deterioro patente en la calidad de la controversia pública interna por cuenta del fallo. El espectáculo de antiguos jefes de Estado engarzados en literal pelea de rufianes para evadir su responsabilidad parece haber infectado todos los escenarios de la controversia nacional. Lamentable. Como hemos dicho, e insistimos, es hora de hacer un alto en este camino de desgaste institucional.
Porque mientras esto sucede, el país navega por un peligroso limbo jurídico y político que es menester superar cuanto antes. La canciller María Ángela Holguín indicó a principios del año que Volterra Fietta emitiría sus recomendaciones en mayo, y este diario ha podido determinar que el grupo de abogados nacionales, tras trabajo exhaustivo, se alista a presentar su informe. Recibidas las recomendaciones, el jefe de Estado y la canciller deberán hablarle claro al país y a la comunidad internacional manifestando si se acata en su integridad el fallo, si se desconoce o qué modulación se pretende. Los recursos de interpretación y revisión —si se decide su interposición— deberán tener impecable presentación, pues más errores no los resiste el país.
Es alta la probabilidad de que, como lo recordó el excanciller Julio Londoño en estos días, Nicaragua vuelva a demandar a Colombia ante la CIJ para buscar la declaratoria de plataforma continental extendida. Managua tiene hasta el fin de este año para hacerlo, puesto que el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá de 1948 apenas se surtirá en diciembre. Nuestra Cancillería debe estar alerta para enfrentar esta eventualidad, pero se percibe cierto aletargamiento.
Nicaragua triunfó en la Corte no una sino dos veces. La primera en 2007, en la decisión sobre excepciones preliminares, que fue presentada por el gobierno de Álvaro Uribe como un triunfo estruendoso cuando en realidad se trató —como lo dijimos en este espacio el 21 de diciembre de 2007— de una derrota franca, pues se dijo con claridad que el meridiano 82 no era el límite fronterizo. Este hecho abrió la puerta para el segundo triunfo nicaragüense, en noviembre pasado, con la malhadada sentencia que, fundada en el vago principio de la equidad, nos arrebató más de 75.000 kilómetros cuadrados, un área casi tan grande como Austria o Lituania.
El país centroamericano salió victorioso porque se movió con destreza. Su embajador y agente, Carlos Argüello, es pieza clave en el manejo diplomático de La Haya. El personal de representación tiene altísima calidad técnica. Han pasado seis meses y Colombia no acierta a entenderlo. Funge como embajador Eduardo Pizarro Leongómez, colombiano ilustre por múltiples razones, mas no abogado ni con experiencia alguna en instituciones judiciales internacionales. Colombia perdió porque no supo moverse con pericia y conocimiento en estos delicados y exigentes escenarios globales. Esto no puede volver a ocurrir.
Quedamos, pues, a la expectativa de saber el camino que tomará el país para enfrentar la decisión de la Corte. Los términos van corriendo y el cuidado y la planificación de la acción que se decida deben ser extremos.