Se desplomó dejando en el aire a muchos de sus inversionistas, los que habían confiado en ella. No sólo cuidar los efectos bursátiles que la desaparición generaría en el mercado, decíamos, sino también evitar la impunidad de quienes estuvieron detrás de todo el descalabro. “En lo que los responsables deben pagar”, decíamos en ese momento. La mano de la justicia, sin embargo, no se ha visto seis meses después.
Y los errores de Interbolsa, de su Junta Directiva, de quienes manejaron las operaciones previas a su desplome, fueron gruesos y evidentes. Al país se le debe la verdad, nada menos. Recordemos qué pasó. Se la jugaron en su momento por la especulación: la valorización futura de la acción de la compañía textil Fabricato, argumentando que ésta podría pasar de $30 a $120 en dos años. Movieron las acciones a través de las operaciones llamadas repo (adquirir créditos a corto plazo con acciones como respaldo), pero se excedieron. La Junta Directiva autorizó esa estrategia con un tope máximo de $100.000 millones, pero la circulación llegó a los $322.726, con concentraciones indebidas, además: pocos intermediarios comisionistas, pocos inversionistas y muy pocas acciones. Así es el mercado suelto, de esta forma actúa su mano invisible. Y así deja a la gente en la quiebra.
Y por culpa de esa acción irresponsable e incontrolada, casi 1.600 reclamantes salieron a protestar con toda razón. Clientes de todo tipo, reconocidas entidades educativas, privadas, públicas, personas naturales, fundaciones. Hay mucha tela de donde cortar en este caso emblemático. Pero nada pasa. ¿Por qué?
La Fiscalía, de forma casi inconcebible, y salvo algunos interrogatorios practicados, no ha pedido imputación de cargos para nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué el estancamiento en un caso que resulta tan evidente a los ojos de la ciudadanía? Tal y como lo dijo Alberto Donadio en un informe para este diario, hay miles de clientes que aún no han podido reclamar su dinero y, a pesar de que desde el principio los protagonistas brillaron ante el ojo público, el sistema de investigación penal no se mueve. Los nombres están, las operaciones también. Sí, cada cierto tiempo aparecen nuevos indicios aún más preocupantes, de lavado de dinero o, como lo sostuvo el representante Simón Gaviria en el debate de la semana pasada en el Congreso, de nexos con otros escándalos. Y ciertamente detalles de esos otros escándalos toman tiempo en ser investigados y, sobre todo, entendidos. Pero sobre el propio corazón de esta estafa no hay que ser un genio de operaciones financieras para saber lo que sucedió. Una crisis así no es gratuita ni se da por sí sola.
Pedíamos en su momento que se hicieran más estrictos los controles para que estos excesos desbocados no llevaran a más firmas a la crisis. Esperábamos que la confianza retornara en el mercado. Aplaudimos la forma prudente y pulcra como se manejó el proceso de interventoría y el posterior anuncio de liquidación. Pero, sobre todo, invocábamos justicia en el caso. Y no pasa. Seis meses sin siquiera imputarle cargos a alguien, se nos hace un plazo demasiado amplio. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿O será que el tiempo pasará hasta que se nos olvide lo que aconteció ese noviembre del año pasado? ¿Quién puede darles la cara a esos 1.600 inversionistas? ¿Por qué está estancado este proceso? Es hora de ver acciones.