Sensatez, por favor

El reciente Fallo de La Haya ha dado para opiniones de todo tipo, en su mayoría basadas o rendidas desde el desconocimiento del derecho internacional que nos rige.

Ha dado para que, por ejemplo, se caiga en un nacionalismo que llega hasta la raya de la insensatez y está alimentado en gran parte por intereses políticos de fondo que, haciendo gala de una torpeza singular, logran confundir y polarizar a un país entero.

Desconocer el fallo no es una opción para Colombia. Hay que dejar eso claro. No solamente bastan las razones jurídicas, sino que las hay también de todo tipo: políticas, de honor, de ética, de mensaje, en fin. Empecemos, entonces, por lo primero y más contundente. Nuestro Estado tiene una serie de compromisos dentro de las redes del derecho internacional. Haber litigado durante once largos años es una reafirmación patente del reconocimiento que Colombia le da a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Por eso no puede pasársela por la faja, de buenas a primeras, con el peregrino argumento de que el fallo es inconveniente.

Tenemos que preguntarnos a esta altura si ese es el modelo de justicia al que aspira un Estado social de derecho. Mucho más cuando el gobierno anterior, hace cuatro años, y este, justo un día antes del pronunciamiento, admitieron ante el mundo entero que el país respetaría la decisión final.

Pero desatender la decisión, como dicen los expertos, convertiría a nuestro país —que ha mejorado ostensiblemente sus relaciones internacionales— en un forajido, en un blanco fácil para el Consejo de Seguridad de la ONU, que tendría competencia para hacerlo cumplir casi que a la fuerza. Un escenario de disputa internacional sería la peor de las noticias para nuestro país en estos momentos. Por ende, la prudencia, sobre todo cuando el tema se desconoce, es lo más conveniente.

Por último está el mensaje. ¿Cómo es posible que haya voces invocando a que el Gobierno haga caso omiso de un fallo judicial de orden internacional? Aquél debe dar el ejemplo del cumplimiento de las leyes y las providencias judiciales y no desconocerlas cuando lo tiene a bien. Ni más faltaba. Es un descaro que esa posición se sugiera, dando al traste con todo lo que se pregona en el papel. Que sea ésta, además, una oportunidad para revisitar nuestro patriotismo descarnado: ese que se despreocupa toda una vida por el destino de San Andrés y los islotes, pero que pide desconocer el fallo cuando ve “su territorio” amenazado por un litigio.

Ahora, los caminos legales deben estudiarse. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, acierta cuando dice que el fallo será analizado a fondo y que se buscarán los recursos pertinentes para quebrar su condición de inapelable, dentro del marco legal que la Corte permite. Ahí las palabras “aclaración”, “rectificación”, entre otras, cobran un sentido mayor, pese a que, hasta donde se conoce, no podrían dar lugar a una modificación ostensible de la decisión. Mirar el tema con calma surge como la más razonable de las medidas a tomar, en vez de salir a decir que “aún no hemos acatado el fallo”, que fue donde estuvo el desacierto de nuestra sagaz canciller.

El llamado es a la sensatez, a la profundidad, a no dejarnos llevar por argumentos pasionales que sólo nos causarán problemas en el futuro. A lo hecho, pecho, señores del Gobierno. No es muy honorable —por más territorio marítimo otrora propio que quieran defender a ultranza— pasar a ser unos parias del entramado jurídico internacional, dejando el derecho y la civilidad a un lado.