Sí a la política con reglas claras

Si todo el mundo participa en política y el manto del secretismo oculta el uso indebido de los recursos públicos y da paso a que el Ministerio Público sancione a dedo, ¿por qué no intentar una alternativa?

El Espectador
20 de abril de 2016 - 08:35 p. m.
Reglas claras para que los funcionarios públicos participen en política podría darle transparencia a una práctica oculta por el secretismo. / Cristián Garavito
Reglas claras para que los funcionarios públicos participen en política podría darle transparencia a una práctica oculta por el secretismo. / Cristián Garavito

La Comisión Primera del Senado aprobó en el primero de cuatro debates un proyecto de ley que faculta a los funcionarios públicos, como el presidente de la República, los ministros, alcaldes y gobernadores, a participar abiertamente en política. De volverse ley, permitiría levantar el velo del misticismo que lleva a los políticos en ejercicio de algún cargo a realizar campañas por debajo de la mesa o a través de representantes de confianza. Si las reglas son claras, debe darse la bienvenida a este nuevo enfoque para un debate viejo en el país.

En palabras del senador de la U Roy Barreras, ponente de la iniciativa, “todos [hacen política] y se termina destituyendo al más sencillo de los funcionarios luego de verlo en una reunión de su candidato”. Es cierto. A lo largo y ancho del país, es un secreto a voces que los funcionarios, aprovechando su posición y la chequera pública, encuentran la manera de favorecer a los candidatos que sientan más afines a sus intereses.

La Procuraduría, que por mandato constitucional debe vigilar que ningún elegido participe en política, ha terminado usando ese poder en casos en los cuales los hechos no son tan claros y se prestan para interpretar intereses detrás de las inhabilidades. Entonces, si todo el mundo lo hace y el manto del secretismo oculta el uso indebido de los recursos públicos y da paso a que el Ministerio Público sancione a dedo, ¿por qué no intentar una alternativa?

En el estado actual del proyecto se proponen varias prohibiciones: que cuatro meses antes de las elecciones el funcionario no pueda celebrar convenios ni contratos interadministrativos para ejecutar recursos públicos, que no pueda usar información reservada ni recursos públicos para participar en política, que no manipule a sus empleados a votar por la persona que prefiere y que los entes de control, la Rama Judicial y las Fuerzas Armadas no puedan hacer política. Son limitaciones razonables.

Lo fundamental, no obstante, es que las reglas para la participación en política estén claras y se cumplan a cabalidad. De esa manera, por ejemplo, que todos los eventos sean públicos y que, como en Estados Unidos, los funcionarios deban rendir cuentas sobre de dónde salió hasta el último centavo que se utilizó en el acto de campaña, y con prueba de que no se financió con recursos públicos. También, que los actos de gobierno se diferencien claramente de los políticos y que se vigilen los discursos para que no se comprometan políticas públicas a la permanencia de determinado partido político en el poder.

Con una reglamentación estricta que mueva todos esos actos a la luz de la opinión pública, también se conseguiría que el rol de vigilancia de la Procuraduría se cumpliese con más objetividad. Ya la participación en política no dependería únicamente del procurador de turno y sus propios intereses políticos, sino que puede sustentarse en incumplimientos tangibles a la nueva normativa electoral (que no rindió adecuadamente las cuentas, por ejemplo, o que está constriñendo a sus empleados para votar por cierto candidato).

Por supuesto, y esto no deben olvidarlo quienes sucedan a Alejandro Ordóñez en el cargo, la Procuraduría no podría participar en política. Tampoco la Fiscalía ni la Contraloría. Esos entes deben ganarse la confianza de los colombianos con su compromiso sin distracciones a la vigilancia. Tal vez así mejoraremos el ambiente político del país.

 

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