¿Qué dijo la Corte? En esencia el fallo dice que, en lo que tiene que ver con los límites del país, tal y como lo dicta el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia, debe seguirse un manual: pactar un tratado bilateral que sea aprobado por el Congreso y posteriormente ratificado por el presidente de la República. Y si bien el Pacto de Bogotá sigue teniendo vigencia, validez y presencia dentro del derecho colombiano, en lo que tiene que ver con el caso de Nicaragua, esa es la manera correcta, y nueva, de interpretarlo.
No queremos entrar a cuestionar la autoridad de la Corte Constitucional ni mucho menos atacar las razones que dio para dictar sentencia. Todo suena muy lógico. Pero harto sí hay de discutible en sus efectos prácticos que son, sobre todo, políticos: ¿y ahora? ¿Cuál es, entonces, el camino a seguir, luego de que Colombia, ante el mundo, queda como un país que jugó una década seguida a que sí acataría lo fallado, pero hoy lo desconoce con normas internas en mano? Porque no es poco lo que aquí se ha hecho: se trata de un puñado de años y presupuestos en abogados y disquisiciones de internacionalistas e interpretaciones jurídicas tirados al trasto. Así de sencillo.
“En consecuencia, para nuestro país, mientras no sea celebrado un nuevo tratado, los límites de Colombia con Nicaragua continúan siendo los establecidos en el Tratado Esguerra-Bárcenas”, se le oyó decir al presidente nuestro. Esto suena mucho, si nos abstenemos de oír las sesudas razones jurídicas de la Corte, a que al presidente no le gustó el fallo adverso de un tribunal internacional reconocido legalmente y que hoy lo desobedece. Ni siquiera queremos pensar en cómo manejaría el presidente (y los colombianos) la noticia contraria: Nicaragua negándose a acatar el fallo. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían del presidente, de su gobierno y de todo el país entero?
Mejor dejar esas preguntas (acaso éticas) abiertas. Lo cierto es que, según la Corte Constitucional nuestra, el Pacto de Bogotá y la Corte Internacional son institucionales válidas. Pero en ese caso particular no. Un poco esquizofrénica, que no ilógica, su decisión.
En vez de enfrascarnos en eso deberíamos preguntarnos qué queda por hacer, más bien. Si ambos gobiernos están dispuestos al diálogo, y sabemos que lo están, es hora de que pongan en marcha, y a todo vapor, a sus diplomáticos para que concierten lo antes posible una discusión limítrofe para Colombia y Nicaragua. Cerrar este episodio con la altura debida es lo mínimo que pueden hacer ambos países.
Y que se haga, eso sí, con transparencia, ateniéndose ambas naciones a las profundas razones históricas que inspiraron toda esta, hoy inútil, batalla jurídica. Que sea entonces ese el siguiente paso. Y que no haya más dilaciones injustificadas en su trámite.