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El expresidente Álvaro Uribe ha tenido todas las garantías procesales para defenderse ante la Corte Suprema de Justicia (CJS). Por eso, pese a los múltiples ataques contra la institucionalidad y los discursos que buscan crear el imaginario de conspiraciones en contra del líder del Centro Democrático, lo responsable es rodear al alto tribunal, respetar la decisión de ordenar su medida de aseguramiento y permitir que el proceso continúe su curso. Todo lo demás es pura politiquería.
La decisión de la Corte estaba destinada a causar polémica. Ordenada o no la detención preventiva, las voces de un discurso polarizado hubieran dicho lo que ahora estamos escuchando: que se trata de un juicio político, que hay una persecución ideológica, que todo es un complot. En anticipación a la decisión, abundaron las manifestaciones de afecto hacia el exmandatario, incluyendo la del ahora presidente, Iván Duque, con un mensaje que apunta a posicionar la idea de que se trata de un buen hombre y un buen padre de familia. El problema es que eso nada tiene que ver con el fondo del asunto que la Corte está investigando.
La pregunta jurídica es sencilla, aunque el ruido del debate público quiera oscurecerla: ¿tuvo algo que ver el expresidente con el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve? Si la respuesta es afirmativa, el tribunal concluirá en una condena por fraude procesal. Si es negativa, el expresidente será absuelto. ¿Por qué tantos aspavientos frente a un proceso judicial apenas natural?
Este caso, además, tiene conexión directa con el que adelanta la Fiscalía contra Diego Cadena, exabogado del expresidente. El ente investigador está convencido de que el jurista incurrió en delitos relacionados con la manipulación de testigos y por eso le imputó cargos el pasado 27 de julio. Dicho fraude habría sido para favorecer los intereses de Álvaro Uribe.
Es en medio de este torbellino de pruebas e investigaciones que la CSJ decidió dictar medida de aseguramiento domiciliaria contra Uribe. El tribunal, en votación unánime, lo consideró necesario para garantizar la comparecencia al proceso. ¿Es una decisión tomada con apego a la ley? Sí. ¿Tuvo opción la defensa del expresidente de presentar sus argumentos? También. No hay, pues, motivos para salir a atacar la legitimidad del tribunal.
Al expresidente le queda un camino largo de defensa. Y además, gracias a cambios recientes, en caso de que llegase a ser condenado, tendría también la posibilidad de una segunda instancia, como es justo para todas las personas procesadas en Colombia.
Era esperable el tremendismo que ha acompañado esta decisión, pero lo que hemos visto es a la justicia actuar de manera prudente, disciplinada y cuidadosa. ¿No es eso algo que todos deberíamos celebrar? ¿Es necesario destruir a las instituciones cada vez que adoptan una decisión que afecta a cierto sector político?
No hay que comprarles el fuego retórico a quienes buscan sembrar el caos. Colombia debe sentirse orgullosa de tener instituciones robustas, capaces de tomar decisiones tan complejas, respetando las normas existentes. Esta historia no termina, pero va por su cauce natural.
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