Sin dilaciones

El próximo 18 de febrero se define si las parejas homosexuales van a poder adoptar o no. El anuncio lo hizo el presidente saliente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva.

Nuestra posición al respecto es bastante clara: hay argumentos suficientes para permitir que estas parejas adopten y puedan brindarles a miles de menores desamparados —10.000, de acuerdo con el ICBF— un hogar sano y de buenas condiciones. Más fácil: no hacerlo discrimina. Y esa es una conducta que Colombia no puede permitirse.

Lo contrario sería perpetuar un Estado en el que los ciudadanos y los menores no pueden gozar todos de los mismos derechos, pese a que su Constitución diga otra cosa.

La Corte se encuentra dividida. Cuatro magistrados avalan que las parejas homosexuales puedan adoptar y otros cuatro rechazan la posibilidad. La última palabra la tiene el conjuez José Roberto Herrera, quien reemplaza al magistrado Mauricio González Cuervo, debido a que éste se declaró impedido para participar en el debate por haber sido uno de los autores de la normatividad en discusión.

Herrera, de tendencia claramente conservadora, ha dicho que va a fallar (si Dios lo ayuda) en derecho: eso esperamos. Hubiera sido preferible que una decisión de este calibre no quedara en manos de un conjuez y, también, que la Corte hubiera llegado a un acuerdo para evitar que esto ocurriera. Esperamos que la Corte decida con la Constitución en la cabeza.

Sin embargo, existe una gran posibilidad de que este juez se declare inhibido o deje todo en manos del Congreso. Y eso es preocupante, no porque sea malo que el Legislativo actúe (todo lo contrario: eso es lo que se requiere para el buen funcionamiento del Estado), sino porque el Congreso colombiano ha dado un pésimo ejemplo en este sentido, a tal punto de que ha sido la Corte Constitucional la que ha tenido que responder por el tema, como en un juego de pelota. Una cuestión que los estudiosos llaman “estancamiento institucional”.

Un caso: en 2011, la Corte dijo que los homosexuales podían constituir una familia y le dio al Congreso un plazo de dos años para reglamentar la posibilidad del matrimonio igualitario. Han pasado cuatro y nada. Como si ésta fuera una discusión cualquiera que se pudiera postergar hasta el infinito.

Si la Corte deja todo en manos del Congreso, el llamado es claro y vehemente: que actúe como lo debió hacer desde el principio: un foro democrático y dinámico donde, con base en los argumentos y no en las pasiones, se tomen decisiones vinculantes para la sociedad, pero, sobre todo, para el contrato social que nos rige; un foro en el que se recuerde que las minorías merecen respeto y que la ley no está para perpetuar la dictadura aplastante de las mayorías. Incluso si la Corte se define a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el Congreso tendría el mismo deber: generar un debate serio que propenda por una legislación de avanzada.

Aun quienes rechazan la adopción por parte de parejas del mismo sexo han mencionado la necesidad de que un tema de este calibre se defina en el espacio democrático por excelencia. Bueno, si la Corte no es capaz de tomar una decisión de fondo al respecto, que la asuma el Congreso.

Que esto no se vaya a convertir en una andanada de silencios o, lo que es peor, de tibiezas. Es vital que estas discusiones se asuman con altura y con valor. Seguir dilatando decisiones como esta es faltar al deber histórico que la Constitución les dio a las ramas del poder público.

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