El proyecto busca acabar con las causales de despenalización del aborto determinadas por la Corte Constitucional en 2006, y con la eutanasia. La importancia de esta propuesta no solo radica en lo que sería una protección desproporcionada del valor de la vida —denegando la dignidad, la vida y la salud de las mujeres— sino también en el tipo de Estado que Colombia es y hacia dónde quiere apuntar.
Dicho debate muestra la falta de seriedad por parte del Partido Conservador, que pretende sustentar el proyecto con información parcial, camuflando posiciones católicas en falsas afirmaciones científicas que impiden un debate serio sobre los alcances de la propuesta. Durante el debate el senador conservador Enríquez Rosero, ponente del proyecto, presentó un video con supuesta evidencia científica sobre el tema, en el que se presentaron imágenes falsas sobre el aborto. Como lo señaló el médico y senador Roy Barreras en el debate, las imágenes no corresponden con la realidad, ni con imágenes médicas de embriones ni fetos. Su presentación es un intento ruin de manipular a la opinión pública y a los senadores, que no tiene conocimiento médico para juzgar su veracidad.
A su vez, en la exposición de motivos se presentaron como ciertas afirmaciones científicas sobre el momento en el que empieza la vida humana, sobre lo cual en realidad no existe consenso. Se presentó también información parcializada sobre las obligaciones internacionales del Estado colombiano, afirmando la existencia de protecciones absolutas a los derechos; y casos resueltos por la Corte Europea de Derechos Humanos para justificar la prohibición total del aborto, cuando en realidad sus providencias no son vinculantes para Colombia y además esa Corte ha establecido la necesidad de la ponderación de derechos.
El proyecto omite consideraciones propuestas en el foro público organizado el pasado jueves por la senadora Gloria Ramírez, como la ponderación de derechos en conflicto, la realidad del aborto como un problema de salud pública e información científica y jurídica seria sobre su inconveniencia. Se ignoran también alcances de la propuesta tales como la prohibición de la fertilización in vitro, del uso de algunos anticonceptivos y anticoncepción de emergencia; y, por supuesto, de la desprotección total a los derechos reproductivos de las mujeres.
Esta iniciativa en realidad pretende imponerles a los colombianos un aspecto de la moral católica a través de una reforma constitucional, que además no es compartida por todos los católicos. La Constitución estableció que Colombia es un Estado laico y reconoció la necesidad de aceptar la diferencia para convivir en un país pluralista. Esto incluye la libertad de cultos y por tanto la posibilidad de que las personas realicen su proyecto de vida conforme a sus derechos fundamentales y sus propias creencias. Ninguna confesión de fe puede ser la base de las políticas públicas y mucho menos formar parte de la Constitución. Cuando, como en este caso, el espíritu de una norma se apoya en creencias dogmáticas de la religión católica —que propenden por la protección absoluta del valor de la vida humana por encima de derechos fundamentales— y no en una ponderación y protección de los intereses constitucionales en juego, se cambia el espíritu de la Carta.
Con la aprobación de este proyecto se sustituiría la Constitución para abandonar el Estado laico y pluralista; para pasar a un Estado confesional que obliga a los ciudadanos a construir sus proyectos de vida conforme a la fe católica, a pesar de que no todos la profesan. ¿Es ésta la visión que tiene el Congreso para Colombia?