La suerte de la universidad pública

Tres semanas lleva el claustro de la Universidad Nacional, el más importante de este país, siendo el protagonista de una protesta que, al final, tiene que ver con la financiación de la universidad pública.

No es mentira para nadie: la educación superior pública en Colombia está en crisis. Y ésta se ha manifestado en diversos momentos de los últimos dos años, con protestas, con reclamos, con intentos legislativos. La Nacional, en particular, tiene problemas graves de financiación, de infraestructura e inconvenientes para resolver los problemas entre los mismos actores destacados de la comunidad universitaria. Es una lástima que a esto se haya reducido la discusión sobre su relevancia.

La Nacional ha sido una pionera en Colombia. Por todo. Sería inoficioso mencionar las miles de ventajas de tener una universidad de esa envergadura en un país como este, que se ahoga, entre otras, por no tener una educación de calidad para todos. La Nacional es una puerta a un mundo de academia de calidad, a poder compartir una multiplicidad de visiones con otros seres humanos; es un foco investigativo. Es una experiencia diferente.

Pero, mucho más allá de todo este palabrerío filosófico, está la realidad. La dura realidad de las cifras: la universidad pública está desfinanciada en $11,3 billones (a pesar de los $7,5 billones que han aportado para frenar esa realidad). Y ahí empieza la discusión: el Gobierno dice que deben ser creativos, buscar financiación de la empresa privada. Hay los pragmáticos, que dicen que sí, que eso ayudaría a solventar las cosas. Hay los dogmáticos, que dicen que no, que ahí está el camino para perder la autonomía. Puede ser. Cualquiera de las dos. Lo cierto es que no hay consenso.

Hay otras propuestas, por demás: que departamentos y municipios le entreguen un 1% de lo tributado, que se incentiven las donaciones por medio de rebajas de impuestos, que se creen, por otra parte, otros impuestos que lleguen a sus arcas. Incluso se ha discutido el tema de la estampilla: una para cobrar en los impuestos de los ciudadanos la salvación de las entidades públicas y otra, ya para la Nacional en particular, para que, celebrando sus 150 años, reciba también una plata. Puede ser.

La realidad, de nuevo, es que, como dijo Mario Hernández, miembro del seminario permanente de profesores y orador del foro que este diario organizó el jueves pasado, todas estas propuestas lo que hacen es apuntar a resolver exclusivamente la crisis del momento. Creemos en sus palabras. Puede que por ahora los sectores lleguen satisfechos a alguna solución de lo urgente, pero el debate de fondo, la pregunta “¿qué hacer con la universidad pública?”, quedará pendiente para el próximo año, o el siguiente, o el de más allá.

Antes de que esto suceda, el Gobierno Nacional debería pensar en solventar una crisis que lleva alimentándose años. Con una sola motivación en frente: la educación pública universitaria es fundamental, es vital, para una democracia como la nuestra. Los esfuerzos que deben hacerse en torno a ella van mucho más allá de la creatividad del mercado privado o de un par de impuestos cobrados a la ciudadanía.

Si quieren que, de verdad, este país progrese, tienen que juntarse las filas y llegar a lo que no parecen entender todos: un consenso entre el Gobierno, sí, pero también entre los miembros de la comunidad académica. Cosas serias. Y eso solo se logra entendiendo las diversas realidades de la educación pública. Y su relevancia.

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