Justo cuando la campaña a la Presidencia se ha volcado a los juzgados y toda Colombia está pendiente de los líos en que se ven inmiscuidos sus candidatos, justo cuando muchos de los análisis de esta campaña y los debates de los candidatos se basan en esos vericuetos judiciales, nuestras autoridades salen con estas piruetas jurídicas que confunden a todos. Y dan razones para que el debate baje el nivel a terrenos insospechados: hay que ver cómo los defensores de Óscar Iván Zuluaga (y por ende del hacker Sepúlveda) celebraron la primera decisión como un triunfo, cuando su experto informático aún no responde por lo que se le acusa. Y hay que ver también cómo respondieron los seguidores de Juan Manuel Santos con voces vengativas por la recaptura.
En menos de 24 horas, entonces, tenemos que Sepúlveda está de nuevo en el ojo del huracán porque la Fiscalía cometió, en la primera arremetida contra él, una serie de errores que al entender respetable de una juez de control de garantías (y por algo se llama así) son de índole procesal y dañan absolutamente todas las actuaciones. Las reglas de forma existen por una buena razón y, por mucho que la Fiscalía haya decidido solicitar que se investigue a la jueza —en acción que deja ver su pobre visión de la independencia judicial—, por lo pronto todo está dentro de las normas.
¿Qué pasó? Después de la veloz —por no decir apresurada— imputación de cargos y posterior captura por parte de la Fiscalía, la jueza decidió revocar la imputación por los delitos de acceso abusivo a sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales y espionaje, porque las pruebas presentadas no permitían inferir la responsabilidad: “La Fiscalía no sustentó de manera debida los vínculos de este hombre con un presunto caso de espionaje”, dijo. De acuerdo con la funcionaria, cuando el ente investigador formuló la imputación no había terminado de analizar la evidencia encontrada en la oficina del hacker y cometió indelicadezas constitucionales, como permitirle autoincriminarse sin advertirle que no estaba obligado a ello.
Ahora bien, eso no elimina la acusación de fondo, que sigue siendo grave y requiere una investigación seria. Toca empezar desde cero de nuevo. Que lo hagan ahora ateniéndose a las más estrictas reglas procesales y garantías jurídicas, y no sobra decir que sin poner un ojo en el calendario electoral en curso.
El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, ha manifestado que existen pruebas documentales y testimoniales que permiten inferir la participación de Sepúlveda en actividades ilegales. “Queremos dejar en claro que este proceso está vivo e insistiremos en nuestra tesis (...) Estamos ante hechos que no solamente afectan la seguridad del país, sino que también afectan el trabajo de las instituciones”. Bueno, que lo demuestren en derecho. De todo esto esperamos la verdad. No a medias, ni de afán: toda ella y bien sustentada.