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Empieza el último año en la Presidencia de Juan Manuel Santos con muchísimos retos y una capacidad de acción cada vez más reducida, como es natural en el ocaso de los mandatos en medio de una campaña electoral que promete distraer al Congreso. Sin embargo, son varios los puntos que necesitan la atención del Gobierno y que no pueden esperar. El liderazgo de la Rama Ejecutiva es necesario para darles forma a los principales avances que serán su legado a futuro y que estarán en el centro del debate público en el proceso de elección de su sucesor.
En varias entrevistas y una rueda de prensa, el presidente Santos dijo que sus prioridades serían seguir consolidando la implementación del Acuerdo de La Habana, impulsar su inversión en educación, acelerar la construcción de infraestructura, recuperar la economía, mantener en buenos términos las relaciones con Estados Unidos y ejercer presión internacional para impedir que en Venezuela se siga consolidando la dictadura de Nicolás Maduro. Estamos de acuerdo en esos propósitos, pero cada uno tiene riesgos que deben estar en la mente del mandatario.
Sobre la paz, es fundamental que el Gobierno recuerde que lo que se proponga y apruebe en el Congreso definirá los términos del debate electoral. Por eso, además de hacer lo necesario por mantener la coalición de parlamentarios en favor de la paz, es momento de pensar en la importancia de construir legitimidad siendo transparente con las intenciones de los proyectos presentados, no contradiciendo lo pactado ni utilizándolo como justificación para introducir reformas que no tienen relación directa con el Acuerdo y haciendo partícipe a la población civil. El futuro de la paz, el legado más importante de este gobierno, depende de que este proceso de implementación sea un éxito y que los colombianos lo entiendan así.
También están pendientes los planes de garantizar la presencia estatal en todos los territorios abandonados por las Farc. El asesinato de líderes sociales, la denuncia de falta de institucionalidad y el crecimiento del narcotráfico son los principales retos para que en efecto el fin del conflicto con las Farc sea la entrada a una nueva realidad en Colombia. Si fallamos en garantizar el control territorial y la presencia del Estado, veremos que nuevos grupos ocupan los mismos espacios, con resultados nefastos.
Y en el tema de la paz queda una pregunta: ¿hay tiempo de algún avance significativo con el Eln o eso será ya tema para el próximo gobierno?
Sobre las inversiones que consoliden las reformas en educación y la apuesta por la infraestructura, son en efecto necesarias, pero tomando particulares precauciones para que no se entiendan como concesiones para beneficiar intereses políticos. En medio de la neblina que produce el escándalo de Odebrecht, un esfuerzo mucho mayor por la transparencia sería un gran aporte para el país.
Finalmente, en el aspecto internacional, creemos que hace bien el presidente al mantenerse en la prohibición del glifosato y exigirle a Estados Unidos un plan coordinado de lucha contra el narcotráfico. La posición de la diplomacia de ese país, que no reconoce el efecto perverso que tiene en Colombia su incapacidad para disminuir la demanda por la cocaína en su propio territorio, está mandada a recoger si de verdad queremos encontrar una solución viable.
En cuanto a Venezuela, Colombia debería aprovechar su posición internacional para liderar la presión contra el rompimiento del orden democrático. Además, el Gobierno debe proponer un plan para atender a los venezolanos que sigan llegando a nuestro país en búsqueda de mejores condiciones. No se pueden obviar las dificultades que vienen con esto en una situación económica limitada, pero tampoco ignorar la necesidad de ayudarlos.
En medio del ruido electoral, el Gobierno tiene la oportunidad de solidificar sus éxitos con estas prioridades.
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