Un avance en el caso de Flor Alba Núñez

En Colombia es tan inusual que los crímenes contra periodistas lleguen a algún tipo de resolución judicial que, cuando la Fiscalía anunció una condena en el caso de Flor Alba Núñez, asesinada el 10 de septiembre de 2015 cuando llegaba a su emisora en Pitalito, Huila, fue un motivo de celebración. Sin embargo, queda la pregunta de quiénes más estuvieron involucrados, pues cuesta creer que sólo se haya tratado de un ajuste de cuentas.

Juan Camilo Loco Ortiz fue condenado a 47 años y seis meses de prisión por ser el autor material del homicidio de Núñez. La Fiscalía, que actuó con diligencia y lo capturó 15 días después de ocurridos los hechos, reunió cerca de 93 pruebas que permitieron que la justicia llegara a esa sentencia. Según los investigadores, Ortiz quería silenciar a la periodista por motivos personales. Núñez había denunciado abiertamente la prisión domiciliaria que le concedieron a Ortiz en un caso en que él presuntamente le había disparado a una médica veterinaria.

Sin embargo, y aunque celebramos que haya una condena contra el autor material de los hechos, los asesinatos de periodistas no suelen ser simples ajustes de cuentas. La principal deuda que tiene la justicia del país, históricamente, con todos los periodistas víctimas, ha sido su incapacidad de identificar a los autores intelectuales que se beneficiaron con las voces silenciadas.

Como lo explicó una amiga de Núñez en un testimonio publicado por Semana, Núñez adelantaba investigaciones tensionantes para los poderosos en Huila: “Además de haber recientemente publicado un audio en el que se mencionaban aportes de dinero realizados a la campaña del actual alcalde, el día que la mataron iba a denunciar que un concejal y un candidato a la Alcaldía estaban obligando a madres comunitarias a votar por ellos”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en un pronunciamiento sobre el caso, dijo que es preocupante que no “se ha establecido una estrategia investigativa con el fin de identificar a los autores intelectuales del crimen”. Sebastián Salamanca, coordinador de defensa y atención a periodistas, le dijo a Semana que “este caso tiene todas las características para considerarse como un caso relacionado con el oficio periodístico”. Estamos de acuerdo.

El ejercicio del periodismo en Colombia siempre ha estado ligado a riesgos abrumadores. Aunque las autoridades celebran que ya no ocurren tantos asesinatos como en las peores épocas de la guerra contra los carteles de la droga, algo que en efecto es un avance, la realidad es que siguen existiendo muchos obstáculos contra el libre ejercicio de la prensa. Las presiones económicas y la autocensura son retos que los comunicadores en regiones deben sortear, muchas veces sin éxito.

En medio de ese contexto, muertes como la de Núñez son un amargo recordatorio de lo que ocurre cuando el periodismo cumple su labor esencial de incomodar a los poderosos. Y ahí es donde la justicia sigue fallando: el mensaje que se envía a todos los interesados en silenciar las investigaciones periodísticas es que los crímenes quedan impunes, por lo que es rentable seguir apelando a ese tipo de censura, que no sólo afecta a la víctima, sino a toda la sociedad, pues esparce de manera efectiva el miedo.

La Fiscalía debe poder contarle al país quiénes estaban interesados en la muerte de Núñez. Mientras tanto, todos los periodistas seguiremos con nuestro compromiso de no ceder ante el terrorismo de quienes desprecian esta labor. Ese es nuestro homenaje a Núñez y a tantos otros.

 

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