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La erradicación de cultivos ilícitos es uno de los mayores retos que afronta el país para hacer viable un eventual escenario de posconflicto con las Farc. Por eso recibimos con buenos ojos el anuncio del martes pasado del presidente, Juan Manuel Santos, en el cual presentó el Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, una propuesta ambiciosa para empezar a desmantelar las zonas de control del narcotráfico.
La situación es urgente, especialmente en ciertos puntos específicos del país: de 1.102 municipios que tiene Colombia, 204 tienen cultivos de coca y el 81% de la producción se concentra en seis departamentos: Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare y Norte de Santander. En 2014, los departamentos de Nariño y Putumayo no sólo concentraron casi el 40% del total de cultivos ilícitos del país, sino que se posicionaron como las regiones en las que más aumentó el número de hectáreas cultivadas con respecto a años anteriores. Además, dos terceras partes de los cultivos ilícitos están en parques naturales, zonas de reserva natural o territorios étnicos o colectivos. El problema está lejos de ser solucionado.
La existencia de cultivos indica la fortaleza de bandas criminales y de narcotraficantes, así como la ausencia estatal, lo que desemboca en más violencia y poblaciones olvidadas. Intervenir en ese ciclo, entonces, es una de las deudas del Gobierno.
El plan presentado por el presidente entiende la complejidad del problema. El nuevo enfoque plantea seis frentes de trabajo específicos: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reforma institucional. Es de resaltar, por ejemplo, la propuesta de programas de vivienda rural y servicios, y proyectos con vocación agropecuaria para que las personas que vivan en estos territorios puedan reubicarse en otras zonas. También, a quienes se mantengan más de cinco años cultivando productos lícitos se les podrá titular las tierras para que sean propietarios legales y así fomentar la economía en estos sectores.
En un principio será la Presidencia la encargada de coordinar el esfuerzo, pero después le dará paso a la nueva Agencia para la Sustitución de Cultivos.
Celebramos que el Gobierno esté tomando medidas concretas y complejas para enfrentarse a este problema, pero la historia nos ha enseñado que, en este tema particular, la realidad práctica suele frustrar los intentos.
El narcotráfico tiene raíces largas en los principales problemas del país. Atacar la desigualdad social, garantizar la presencia del Estado y utilizar la ayuda de las Farc para eliminar las rutas del narcotráfico es un paso necesario para reducir la violencia y empezar a construir un nuevo país.
Sin embargo, nada de lo que el Estado haga debe desmarcarse de una discusión internacional sobre cómo afrontar el problema de las drogas ilícitas. A todas luces, la guerra que se ha venido librando ha fracasado. Mientras persistan los incentivos perversos de los mercados clandestinos, la fuerza del narcotráfico seguirá siendo difícil de batir. Esa es otra deuda histórica que tendremos que solucionar.
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