Un escándalo más

ESTA SEMANA EL DIRECTOR DE LA DIAN, Juan Ricardo Ortega, precisó dos modalidades de desfalco a la institución de recaudo.

La primera, el robo de identidad de empresas inactivas para realizar exportaciones falsas y cobrar ilegalmente el IVA. La segunda, la creación de empresas ficticias para soportar los procesos de exportación. El desfalco, según informó el Gobierno, sería de un billón de pesos. Los integrantes, funcionarios que trabajaban en alianza con privados en una red criminal organizada. Al parecer, un escándalo más que se añade a la lista. ¿Cuántos faltarán? Si es cierto que cerca del 13% del valor de los contratos lo destinan los empresarios a sobornos, como lo sugiere una reciente encuesta de la Universidad Externado, entonces varios todavía. Es que sólo estos confesados pagos a ‘mordidas’ suman casi cuatro billones de pesos, una suma nada despreciable, y sólo parcial. La corrupción en lo público, sin que se trate del acabose, está siendo una amenaza delicada. Es tiempo de comenzar a discutir estrategias que rebasen los ya fijos marcos del control.

No se trata de que las recomendaciones de siempre sean incorrectas. Todo lo contrario, son indispensables. Ningún Estado funciona con información deficiente e instituciones débiles. La transparencia es tan fundamental como las normas claras, las cuales deben tener, por supuesto, quien vigile y castigue su infracción. En este sentido la labor de la Policía, el Gobierno, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría está dando resultados. De manera paralela, el recién aprobado Estatuto Anticorrupción es un paso adelante en esta dirección. Pero con todo y la obligación de aplicar la justicia y generar una amenaza creíble a quienes están dispuestos a delinquir, ciertamente es más que miedo lo que se necesita para quebrantar las prácticas ilegales que se han sabido asentar en las estructuras del Estado. Es imperioso comenzar a pensar en soluciones que lleguen al fondo de los organismos públicos y contribuyan a su supervisión desde adentro.

Se puede, por ejemplo, comenzar a discutir cómo atraer a aquellos capaces y con vocación a trabajar para el Estado. Lo que implica pensar cómo devolverle el prestigio a la vida pública y, junto con éste, su atractivo. Claro, todavía son muchos los funcionarios honestos que trabajan para el país. El problema es que hacen falta muchos más de los que tenemos. Y, más aún, se necesitan funcionarios dispuestos a denunciar. Para esto es importante que el país comience a tomarse en serio la protección de testigos. No porque el crimen sea administrativo, están menos dispuestos a hacer daños los implicados. Sumas suficientemente grandes de dinero pueden implicar un serio peligro para quienes delaten.

En desfalcos más pequeñas el riesgo es menor, pero queda el espacio para el chantaje. La amenaza por despido compra igualmente silencios. Y muchas veces, incluso las firmas. Es difícil romper con el sistema de padrinos, cuyos favores ponen, a veces, entre la espada y la pared a los funcionarios. En especial a aquellos servidores que no lograrían con sus credenciales el mismo ingreso en el sector privado. Un control interno, en últimas, podría ser atraer a trabajar en el Estado a muchas más personas que, en principio, se pudieran ir sin mayor dificultad y, por tanto, no teman realmente a la amenaza del despido. Éstas, sin embargo, son personas más capacitadas y difícilmente permanecerán por mucho tiempo si ganan sensiblemente menos de lo que lo harían por fuera del Estado. Quizá no sea descabellado sugerir —aunque es debatible— nivelar los ingresos, así sea parcialmente, entre el sector público y el privado, por lo menos en los cargos medios del Estado. Valdría la pena estudiar si es que estamos ahorrando en el lugar equivocado.