La cifra de cuántos periodistas son denunciados a diario es difícil de conocer. Después de todo, solemos lavar nuestra ropa sucia en casa y muchos casos terminan con el medio rectificando lo dicho. No obstante, la punta del iceberg es gruesa y se ve a kilómetros: en 2012 se dio la primera condena contra un periodista por opinar. Es el caso de Luis Agustín González, que desde Fusagasugá publicó una columna de opinión criticando a la exsenadora Leonor Serrano.
Además, se pudo ver que hay empresarios particulares que, frente a cualquier molestia, acuden a los estrados judiciales, tal y como ocurrió con Óscar Collazos frente a Carlos Mattos y con Alange Energy contra Héctor Rodríguez. Estos últimos se vieron inmersos en pugnas judiciales por publicar información empresarial que afectaba a la comunidad. Y, como si fuera poco, en agosto se dio el escándalo en el que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunciaba, en un comunicado, que iba a denunciar a Cecilia Orozco Tascón por contar cosas que rozaban con el pudor de los magistrados.
Esto último, pese a que la Corte se echó para atrás, es bastante grave. No sólo porque los mismos magistrados que publicaron el infame comunicado serán los que decidan en casación sobre el caso de González, sino porque se supone que son la máxima autoridad en derecho penal. Ellos definen cómo se aplica un delito y son los que dan pauta a los demás funcionarios judiciales. Si ellos mismos ignoran los estándares que se han ratificado infinidad de veces a nivel internacional y en la Corte Constitucional, el futuro no puede ser prometedor.
Y no sólo eso. También se puede ver que en la Rama Judicial, para que la justicia funcione y sea legítima, no basta con que los sueldos sigan aumentando y tengan las mejores garantías judiciales. Se requiere capacitación en este y muchos otros temas. Las cárceles ya están muy llenas por el llamado populismo punitivo (subir penas desde el Legislativo para conseguir réditos electorales), pero los jueces y fiscales también ponen de su parte al acusar y condenar con falta de conocimiento.
Un claro ejemplo es el caso de González: la opinión es el género más protegido. Después de todo, no es ni buena ni mala y es fundamental para la democracia. Puede ser molesta y chabacana, pero aun así, debe ser protegida. Esto lo han dicho en otras palabras la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. A pesar de esto, González ha tenido que afrontar un proceso de más de tres años en el que la Fiscalía lo acusó hasta que se dio la condena en segunda instancia. Cambió de opinión, sin embargo, cuando el caso llegó a la Corte Suprema, donde ha dicho que se debe absolver al periodista. Esto es un desgaste grave para la libertad de expresión y la justicia.
El incremento del acoso judicial se traduce en que los periodistas no sólo tuvieron que afrontar el miedo, las dificultades laborales y las 158 agresiones directas que registró la Flip durante 2012. También tuvieron que hacer frente al miedo a ser denunciados por hablar de problemas que afectan a la sociedad. Ojalá la Corte Suprema siente un buen precedente en el caso de González, para que se ratifique que la democracia no depende únicamente de llenar un tarjetón, sino de que se pueda debatir abiertamente.