Un ICBF independiente

Ratificar a Cristina Plazas en la dirección del ICBF es un necesitado espaldarazo a la lucha contra la politiquería en ese instituto. / El Espectador

En una decisión que debe celebrarse, el presidente Juan Manuel Santos se resistió a los cantos de sirena que pedían la cabeza de Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y la ratificó en el cargo, dándole un necesario espaldarazo al esfuerzo que se viene adelantando para depurar la indebida injerencia política en el Instituto.

Aunque son muchas las críticas que se han dirigido a Plazas, no puede obviarse la realidad de que la corrupción dentro del ICBF tiene raíces profundas, y que muchas de las indignantes crisis que el país ha visto en el último par de años se deben a que por fin se está haciendo algo para sacar a la luz el problema. La forma en que varios políticos en el Congreso se han comportado con la directora del Instituto demuestra que su labor está tocando fibras sensibles.

Desde que se posesionó, Plazas ha sido citada a 16 debates de control político en el Legislativo. Como lo reveló El Espectador el pasado martes, cuando rondaba el rumor de que el presidente Santos iba a aceptar la renuncia de la directora y nombrar en su lugar a un político más cercano a los partidos que se han quejado, ese interés del Congreso por el desempeño del ICBF debe entenderse en contexto con otro dato: las cuotas políticas de senadores y representantes en los ICBF regionales.

El diagnóstico de Plazas es claro: el principal problema que tiene el Instituto son las burocracias locales que se reparten los dineros enviados desde Bogotá y que deberían llegar a los niños, pero que se quedan (en su gran mayoría) en esas estructuras corruptas. Durante la dirección de Plazas, ya van 40 personas detenidas entre funcionarios y representantes legales de las fundaciones que contrataban con las regionales del ICBF y que en últimas eran quienes daban comida en mal estado o que no cumplían con las necesidades alimentarias de los menores.

Nariño, fortín del representante Óscar Bravo, es un ejemplo de lo que ocurre en el ICBF por la perversa interferencia de la politiquería. Allí fue detenido el exdirector regional del ICBF, Héctor Fabio Quiroz Ordóñez, quien le ofreció al representante legal de la firma contratista Unión Temporal una adición de $1.114’000.000 a un contrato, a cambio de obtener una comisión del 10 % de ese valor. También fue capturada la esposa del funcionario, María Fernanda Muñoz Díaz. Así están las cosas en una entidad esencial para proteger los derechos de los menores de edad colombianos.

Según datos de El Espectador, en las seccionales del ICBF en Córdoba, La Guajira, Santander, Valle, Antioquia, Caldas, Nariño, Putumayo y Boyacá se pueden rastrear cuotas políticas de congresistas.

Esto tiene que cambiar. Y para hacerlo, paradójicamente, se necesita voluntad política. Si bien la urgencia necesita una marcha más acelerada, Plazas ha demostrado su interés en solucionar el problema de raíz y el presidente, con su ratificación, envía señales de que en efecto no todo en el país puede responder al juego de la política que entiende de cuotas y no del bienestar general. Bien hecho.

No se puede, por supuesto, cantar victoria. Las alianzas perduran, los niños siguen recibiendo ayuda defectuosa y los políticos seguirán presionando para defender su negocio. Todas esas son razones, precisamente, para defender un ICBF independiente.

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