La iniciativa, menos mal, no llegó a nada.
Sin embargo, y a pesar de que se trataba de algo aberrante, la situación no nos sorprendió mucho. Después de todo, la ley todavía debe implementarse. Pero, además, debemos recordar que esta norma es apenas parte de la solución. El principal enemigo que se debe derrotar es la cultura del secreto.
Este problema cultural es algo que todavía recorre varios pasillos de las entidades públicas: “entre menos se sepa sobre lo que hago, mejor saldrán las cosas”. Es una visión muy arcaica del Estado, en la que el ciudadano debe rendir pleitesía en lugar de poder hacer vigilancia de temas que son de interés para todos. No es por nada que la segunda encuesta nacional a periodistas del Proyecto Antonio Nariño (PAN) arroja un 57% de respuestas en las que se afirma que las trabas administrativas siguen siendo el principal obstáculo para ejercer este derecho.
La Alianza Más Información, Más Derechos, promotora de esta iniciativa y conformada por Transparencia por Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), el PAN y Corporación Ocasa, ha visto que las dificultades para ejercer el acceso a la información no son exclusivas de los periodistas. Cualquier ciudadano que haya buscado información relacionada con su salud, con la educación de su hijo o que le puede servir como prueba en un proceso judicial, podrá dar fe de eso: preguntarán cuál es su interés, acudirán a requisitos de forma o tecnicismos, otorgarán indicaciones incompletas o incomprensibles, refundirán la información, darán largas a la entrega y en muchos casos negarán tajantemente.
Afortunadamente el Gobierno y el Congreso escucharon a este grupo de organizaciones que han estudiado el tema y lograron que se aprobara una buena parte de su propuesta. Pese a que no se ha dado un comunicado oficial detallado, la decisión de la Corte, al parecer, también hizo caso a las observaciones que se hicieron desde Más Información, Más Derechos y desde otros sectores de la ciudadanía. Uno de estos, tal vez el que más preocupaba, fue la necesidad de que se declarara inconstitucional una parte de la norma, incluida por el Ministerio de Defensa, que indicaba que esta no aplicaba para los documentos, bases de datos y contratos relacionados con la defensa y la seguridad nacional, el orden público y las relaciones internacionales de una manera bastante ambigua. En la práctica, se hacía que asuntos como la compra de un edificio por parte del Ejército, el sueldo del ministro de Defensa o escándalos como el de Tolemaida fueran imposibles de escudriñar.
Hay temas que quedan en espera y son un reto bastante grande para el Gobierno, que está obligado a crear una política pública que ponga en marcha las ventajas que trae esta norma. Esto se acentúa a nivel territorial, donde los problemas culturales y económicos son más fuertes en muchos casos.
Además, no sobra recordar que se omitió incluir por parte del Congreso la creación de una entidad encargada de defender este derecho. Se asignaron unas funciones al Ministerio Público, pero el Gobierno fue tímido en la concesión de recursos y sólo permitió que la norma indicara que se contará “con los medios necesarios” para llevar a cabo esta tarea.
Ojalá el Gobierno aproveche esta oportunidad y ponga en marcha esta herramienta para la transparencia del Estado. Pero también esperamos que la Rama Judicial, el Legislativo y el Ministerio Público, entre otros, se unan en su cumplimiento. Es el primer paso.