De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, estos dos hombres “estaban en la lista de objetivos de alto valor en la primera fila. Y ambos cayeron, y seguirán cayendo las cabezas y los que se dediquen a delinquir y a estas bandas criminales”.
Tanto Pijarbey como Megateo comandaban estructuras criminales separadas de organizaciones delincuenciales mayores que, en su momento, decidieron entregar las armas: el frente Libardo Mora Toro, una disidencia del Ejército Popular de Liberación que les dijo no a los acuerdos de paz de 1991, y el bloque Libertadores de Vichada, una disidencia del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac), que no hizo parte del cuestionado sometimiento de ese ejército a la justicia en 2011.
Los dos controlaban, como amos y señores, dos regiones fronterizas con Venezuela y olvidadas por el Estado: el Catatumbo y Vichada. Y los dos ejemplificaban la amenaza en la que se han convertido las bandas criminales para la paz, sobre todo para la paz que salga de un posible acuerdo con las Farc.
Las bandas criminales son, según la Defensoría del Pueblo, las mayores violadoras de derechos humanos en Colombia. Estas estructuras criminales se han aprovechado, como pocos, de las debilidades de los procesos de paz en Colombia. Valga una cifra. De acuerdo con la Fiscalía, entre el 15% y el 20% de los paramilitares que se desmovilizaron en virtud del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia se rearmaron y fueron a parar a las bandas criminales; otros, que nunca se desmovilizaron, tuvieron el mismo rumbo. Por ejemplo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, desmovilizado del Epl, exintegrante de las Auc y hoy comandante del clan Úsuga, la mayor banda criminal de Colombia.
En otros casos estas estructuras se han dedicado a amenazar a los desmovilizados con el fin de que se integren a ellas, y han ocupado los territorios dejados por los paramilitares y las guerrillas, al igual que sus negocios ilegales. Por ello celebramos que el Gobierno parece estar alerta sobre lo que ocurre con estas estructuras, algo que debe seguir si se firma la paz con las Farc.
La Fiscalía ha propuesto medidas para facilitar el sometimiento de estas estructuras criminales a la justicia. Pero, ojo, no se debe confundir sometimiento con negociaciones de paz. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, ya ha dicho que las bandas criminales no tienen cabida en el esquema de justicia acordado entre el Gobierno y las Farc en La Habana.
Hay que estar pendientes de la posibilidad de que haya disidencias de las Farc y el Eln —que, se espera, se sentará a dialogar pronto— que se sumen a las bandas y las fortalezcan. O que estas se conviertan en una amenaza para los desmovilizados y se repita lo ocurrido tras los acuerdos de Casa Verde y los acuerdos con el Epl.
De la misma forma hay que impedir que estas estructuras se queden con los territorios dejados por las guerrillas. Y esto hay que hacerlo, como ha debido ser desde hace mucho rato, con presencia estatal. Y con esto nos referimos no sólo a la Fuerza Pública, sino, además, a los otros servicios que presta el Estado: salud, educación, infraestructura, etcétera. Porque si algo les ha permitido a criminales como Pijarbey y Megateo convertirse en amos y señores de vastas regiones ha sido el olvido del Estado. Las bandas criminales son hoy una gran amenaza para la paz. Hay que impedir que acaben con lo que se ha logrado. Bienvenida la estrategia del Gobierno y ojalá se mantenga para que veamos resultados en ese frente pronto.
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