Polémico es, sí, porque anima las vociferaciones de quienes confunden su odio irracional con el sentido común, pero desde lo jurídico —y, vale decir, desde lo humano— es un tema más bien sencillo. Todos los argumentos en contra han sido desvirtuados con suficiencia y lo que queda no tiene cabida en un Estado Social de Derecho. El matrimonio igualitario es inevitable y, sobre todo, justo. Repasemos lo que se ha dicho:
La Corte Constitucional ha venido bailando una danza complicada: repite, de manera lamentable, que “de pronto” hay un caso en el cual las parejas del mismo sexo merezcan una protección distinta a las heterosexuales, pero todavía no lo ha encontrado. Por eso, ha dicho el tribunal, hay un déficit de protección estatal que sufren las parejas homosexuales y que debe ser solucionado. Así, en esa ambigüedad, que parece más estrategia política que jurídica, ha concedido progresivamente derechos patrimoniales, pensionales, de salud y, en sus fragmentos más inspirados, ha reconocido que la concepción moderna de familia abarca una pluralidad de formas de unirse para compartir amor y un proyecto de vida. Falta dar el último paso: reconocer que esas familias —que ya existen y llevan, algunas, décadas juntas— merecen la protección legal que otorga la figura del matrimonio. Porque esa es la discusión, y por eso la “unión solemne” no soluciona el problema: todo el sistema jurídico está diseñado para proteger a los matrimonios que se llamen por su nombre; no hay regulación para uniones solemnes, con lo cual se perpetúa la desprotección.
Aquí saltan los opositores. “¿Cómo es posible —dicen— que un matrimonio no sea entre un hombre y una mujer?”. Para ellos, lo esencial del matrimonio es la heterosexualidad, y no —como debe ser— la decisión de dos personas adultas de prometerse amor y protección y compañía para toda la vida. Eso es, precisamente, lo que protege y facilita el Estado: los proyectos de vida compartidos. No hay motivo alguno para negar matrimonios homosexuales.
Aquí surgen dos argumentos recurrentes. El primero, típico de quien se siente en superioridad numérica, es que este tema debe decidirse en las urnas. Falso. Si los derechos humanos —porque de eso estamos hablando— se tuvieran que someter a la tiranía de las mayorías, los grupos minoritarios no tendrían las protecciones básicas que alcanzaron luchando. La democracia es mucho más que tener más de la mitad de los votos y nuestra apuesta constitucional busca construir un país que reconozca el espacio que merecen todos los colombianos. El segundo, similar, es que la Corte no puede suplantar al Congreso en este tema. Aunque válido, el problema es que ese espacio político, a pesar del llamado que le hizo la Corte, no ha tenido la valentía de solucionar el déficit. Entonces el tribunal tiene un mandato constitucional de intervenir allí donde hay vacíos y gente sufriendo por ellos.
Es, sí, una decisión sencilla. Ojalá la audiencia convenza a los magistrados de que ya es hora de reconocer el amor. Estamos en deuda histórica.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.