Una irresponsabilidad

A dos debates de que se termine de discutir en el Congreso la reforma al equilibrio de poderes, la cúpula de la justicia, de manera un tanto insospechada, pidió a la Cámara de Representantes que hunda todo lo que tiene que ver con justicia.

O, dicho más claramente, que los deje quietos. Aparte, y como si lo anterior fuera poca cosa, piden que se convoque a una asamblea nacional constituyente “de carácter limitado”, que podría incluir a la guerrilla de las Farc. ¡Lo que hay que ver!

La reforma, en lo que toca a la justicia, pretende quitar el blindaje que tienen los magistrados de las altas cortes, creando un tribunal para juzgarlos; elimina el Consejo Superior de la Judicatura, y quita las facultades políticas de elección que han dado lugar a un carrusel de favores concedidos y cobrados, que, por demás, tienen por el piso la imagen de la rama ante la opinión pública. No les gustó todo esto: “se delicaron” y salieron a hablar y proponer cosas de la forma más irresponsable que tuvieron a la mano.

Salvo la Corte Constitucional —que tendrá que pronunciarse sobre la reforma y debe guardar prudente distancia frente a ella— todos los representantes de la cúpula de la justicia dijeron algo al respecto: el fiscal general, Eduardo Montealegre; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos; el del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, y el del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, enviaron una carta que les indica a todos los poderes públicos cómo deben hacer sus cosas.

Dieron, por ejemplo, cátedra constitucional sobre la reforma. Les indicaron a sus pares de la Corte Constitucional el camino para fallar sobre ella cuando haga su control de exequibilidad: hablaron de “sustitución de la Constitución” (una figura que esa Corte desarrolló jurisprudencialmente) y de vicios en la “unidad de materia”, porque se añadieron cosas durante los debates, como pasa en todos los proyectos de ley que se discuten en el Congreso. Esta intromisión, falle la Corte Constitucional lo que falle, es sin duda una presión desmedida sobre ella.

Hay más. También dieron (con bastante ligereza) cátedra sobre cómo deben hacerse las reformas constitucionales. Es decir, le dijeron al Congreso, otra rama del poder público, que sobra: “No resuelve las hondas dificultades estructurales que hoy tiene la justicia y no contempla las reformas constitucionales necesarias para afrontar los retos que traería un posible escenario de posconflicto”. Al parecer, sólo una reforma hecha por ellos sería válida.

Finalmente, y como jugando billar a tres bandas, también se meten en los roles del Ejecutivo, otra rama independiente del poder público: dicen que el proyecto es inconveniente para el país (algo que sólo puede decir el presidente de la República en las objeciones finales) y plantean, por otro lado, una constituyente.
Tremenda irresponsabilidad que una rama del poder público le mande a Colombia el nefasto mensaje de que es irreformable. No podremos, entonces, hacer un cambio en la justicia, tan necesario, hasta que estén contentos. Y tremenda irresponsabilidad, también, que se asuma tan poderosa como para presumir a las otras dos ramas del poder público como ilegítimas para hacer una reforma a la justicia.

Por demás, si estas tesis temerarias toman carrera, estaremos dilatando cambios que este país necesita.
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