Si bien hay un sector de la opinión que viene con la idea de que estos dispositivos legales son obstáculos ambientalistas al desarrollo —así lo veía el anterior ministro de Minas y Energía—, en este caso se trata de una oportunidad de desarrollo sostenible. La llamada estrella fluvial, ya delimitada con 253.000 hectáreas, en un proceso que vienen apoyando la Corporación Autónoma Regional de Desarrollo Sostenible y el Fondo Mundial WWF, es un sitio sobresaliente de la naturaleza colombiana.
Convergen allí los ríos Guaviare, Atabapo y el brazo del alto Orinoco que viene desde Venezuela, con el río Inírida, una de las joyas de la naturaleza fluvial de Colombia. Son variados los atractivos naturales, entre ellos los igapós o selvas permanente o transitoriamente inundadas por ríos selváticos de aguas oscuras. De estas aguas, verdaderos acuarios naturales, sale una buena parte los peces ornamentales que se vienen exportando de una manera aparentemente sostenible.
Sobresalen los inselbergs o rocas isla en medio de la selva: enormes domos que, cual gigantes huevos graníticos, salpican la selva conformando un espectáculo espléndido y singular.
Un sitio Ramsar no quiere decir que el territorio se convierta en un área la cual sólo se puede visitar, estudiar y conservar. No es un parque nacional. En Colombia, los sitios Ramsar son espacios protegidos de la minería; y el compromiso es conservar su carácter ecológico y el uso adecuado de los bienes y servicios de la naturaleza. ¿Por qué no proponer, entonces, que Puerto Inírida se convierta en un epicentro del ecoturismo?
En vez de andar promoviendo dudosos procesos de apropiación privada a través de una interpretación inadecuada dentro de los parques nacionales, en el territorio Ramsar hay oportunidades para segmentar una verdadera industria ecoturística, basada en el respeto por el ambiente y la cultura, ricamente representada en la zona por los pueblos indígenas.
Podrían los ministerios de Ambiente, Comercio y Gobierno promover el diseño de un espectacular destino turístico de clase mundial, con ofertas para turismo comunitario, social y de alto poder de gasto.
Así “lo ambiental” no sería limitante del crecimiento, sino soporte básico. Bienvenida pues la decisión de la ministra Luz Helena Sarmiento, que ya se perfila como la funcionaria que nos venía haciendo falta en este cargo. Entiende que existen los derechos económicos particulares, pero también que esos derechos deben quedar circunscritos dentro de límites que traza el bien público ambiental.
Un Guainía minero sería como una cantera en las cataratas de Iguazú. La oportunidad está abierta, sobre todo mientras esa gran zona del país tenga sólo acceso aéreo. Innovación para esa otra Colombia.