Hace ocho años que no se realizaba una visita in loco, esencial para constatar la realidad colombiana en lo que respecta a este vital postulado de la institucionalidad democrática.
La noticia, por sí misma, es positiva. En primer lugar, porque corrige un evidente error del gobierno anterior, que prefirió confrontar no sólo a las organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a defender los derechos humanos dentro del país, sino que casó una innecesaria pelea con el organismo regional, dependiente de la OEA, bajo argumentos sesgados. ¿La conclusión? El país ha estado incluido sistemáticamente en la llamada “lista negra” de los informes anuales de la CIDH, dentro del denominado Capítulo IV, junto a Cuba, Venezuela y Honduras.
De ahí que la nueva actitud anunciada desde su posesión por el presidente Juan Manuel Santos se manifieste con esta visita. Claro, el Estado tiene el legítimo derecho a defenderse frente a los señalamientos que se le hagan, pero más que confrontar, este es un asunto que obedece a realidades concretas. ¿De qué sirve desgastarse en peleas sin sentido con acusaciones y reproches mutuos? ¿O utilizar excusas perversas, como considerar que las ONG, nacionales o internacionales, u organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son entes parcializados e idiotas útiles de la guerrilla? ¿O, también, si el Estado es cómplice de una estrategia sistemática destinada a vulnerar los derechos fundamentales?
Mientras continúen las desapariciones, las ejecuciones sumarias, las torturas, los desplazamientos, la violencia sexual, el despojo de tierras y los ataques por parte de todos los actores involucrados en el conflicto armado, lo que se requiere es colaboración para superar una situación.
En los últimos dos años el país ha avanzado en temas sustanciales. La Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras que lidera el ministro de Agricultura, el programa de protección a personas amenazadas, el desmantelamiento del DAS y otras medidas adicionales han sido pasos valientes que se reconocen, apoyan y aplauden.
Sin embargo, como lo documentan las ONG, así como la CIDH y Naciones Unidas, todavía queda mucho por hacer. Comenzando por la efectividad de la aplicación de las normas de Justicia y Paz, el grave problema de los desplazados internos, amén de los serios y fundados cuestionamientos que se han venido haciendo —con razón— al proyecto de ley que contempla la reforma al fuero militar. Son temas mayores que ameritan un análisis conjunto con la Comisión, la cual tendrá así la oportunidad de revisar y sopesar sobre el terreno tanto los avances como los cuestionamientos existentes.
Es evidente que el tema de los derechos humanos va mucho más allá de las buenas intenciones. Con frecuencia se escuchan señalamientos y se hacen sugerencias bien intencionadas para que el Estado en general y el Gobierno en particular puedan incluir en sus respectivas agendas las debidas rectificaciones que coloquen al país dentro de los estándares internacionales en la garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Y esta visita de la Comisión es la oportunidad para que, dentro de su voluntad soberana, los actores estatales demuestren con claridad hasta qué punto las cosas están cambiando. En especial si se tienen en cuenta los retos existentes hacia futuro. Sobre todo si los diálogos de paz logran concretarse, como esperamos todos los colombianos.