Uruguay y la marihuana

De ser aprobado el proyecto legislativo que cursa ahora en el Congreso de Uruguay (ya va a medio camino y la cámara políticamente más adversa lo aprobó), ese país se convertiría en el primero en el mundo en asumir el control total de la producción y venta de marihuana.

El consumo ya es legal, hay que aclararlo, lo que pretende el gobierno de José Mujica es dar un paso adelante y, en teoría, asumir lo que el mercado ilegal controla para hoy.

Vale la pena rescatar algo: la valentía de Mujica. No está de más que un país latinoamericano del Tercer Mundo, que es donde la guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos cobra sus cuentas, sea el que promueva una iniciativa de esta envergadura. Con esto, por fin, se podrá tener un control total de salud pública, así sea el referente a una sola droga. Y ni hablar de la economía: según las cuentas nacionales, el mercado ilegal de cannabis mueve entre 30 y 40 millones de dólares anualmente.

Es lo que Mujica denomina, en su discurso simple, poner en la balanza propia la plata que se gasta en contrarrestar el fenómeno del narcotráfico. Un ente nacional —al que aún no le han dado nombre— se encargará de regular la importación de semillas de marihuana, saber a quién se las vende, certificar quién las distribuye y tener una base de datos para no vender más de lo que está permitido: hasta 40 gramos al mes por persona.

Todo esto redundará en lo que la prohibición no permite en los países: tener cifras precisas. Saber cómo se mueve el mercado. Saber de qué forma (y con cuál frecuencia y qué nivel de adicción) las personas consumen algún tipo de sustancias. Saber, por ejemplo, algo tan importante como la diferencia entre el consumo recreativo y el terapéutico. Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, parece tener muy claro cómo, en cada caso, se controlará a los distribuidores: en cuestiones de importaciones y de conocimiento de la agricultura y de laboratorios y de certificados.

No parece un conejo sacado del sombrero en el último minuto, sino una política pública seria que abre la puerta para que se debata sobre la despenalización de otras drogas. Y es, también, por supuesto, el cambio del discurso: del orden público a la salud pública, como debe ser.

Tienen razón los opositores del proyecto: que el modelo no parará la producción ilegal. Por supuesto que no: pero sí es seguro que muchos consumidores van a querer estar por fuera de la marginalidad y, por ende, por fuera de los efectos perversos que ésta genera. Dicen, también, que legalizar la marihuana es peligroso porque se trata de una droga que abre las puertas a otras mucho más adictivas y peligrosas. Puede ser. ¿Pero qué otra forma hay de controlar este problema de salud si no es destapando las cartas? ¿Si no es conociendo quién y por qué y en qué momento consume un tipo de droga más fuerte?

Este es un primer paso importante. Sabemos que aún falta el debate de vuelta y que cantar victoria es apresurado cuando no se tiene el documento en firme. Pero toda esta movida, impulsada desde un pequeño país del sur de América, resulta ser un ejemplo.

¿Tendremos en cuenta esta actitud para levantar el debate, siempre necesario, de la inconveniencia de la lucha contra las drogas? Por lo menos, la discusión siempre hay que tenerla presente.