Ya la Fiscalía anunció que va a investigar a Gaviria por el delito de violencia contra servidor público. Bueno, está dentro de su función. Pero sería preferible que el ente investigador se dedicara a investigar, capturar y procesar a verdaderos criminales —como, por ejemplo, aquellos que no solo irrespetan a los uniformados sino que, además, los asesinan— en lugar de dedicar mayores esfuerzos en un muchacho que se pasó de tragos y que demostró su esencia, su peor esencia, para así satisfacer el permanente estado de indignación en las redes sociales.
Eso no quita, de nuevo, que el hecho no deba ser reprochado severamente por la sociedad. Hay que avanzar hasta llegar a que preguntar “¿usted no sabe quién soy yo?” no sirva sino para causar vergüenza y risa. Algo hemos avanzado, sin duda, pero todavía son muchos, demasiados, quienes se resisten en este país a reconocer que son iguales y tienen los mismos derechos y deberes que todos los demás.
Es lamentable que el apellido de una persona sea suficiente para que crea que puede abusar de otros. O que por el simple hecho de llamarse de una u otra forma pueda pasar por encima de las autoridades y de la ley. Nadie duda de que los ciudadanos tienen derecho de protestar ante posibles abusos de la Fuerza Pública, pero hacerlo como lo hizo este muchacho es todo un despropósito. Es deplorable la forma en la que Gaviria trata a los uniformados que, valga decirlo, no hacen otra cosa sino cumplir con su labor. Gaviria le pregunta a uno de los agentes sobre sus estudios, como una forma de hacerlo sentir menos. Luego le dice que lo va a mandar al Chocó, lo que constituye un insulto triple: a su inteligencia, a los habitantes de esta región y a las autoridades, al dar a entender que tiene el poder de definir el futuro de una persona. Y así.
Con todo, lo más lamentable es entender que este no es un hecho aislado. Algunas personas en Colombia se han vuelto expertas en esgrimir como argumento que son familiares o amigos de alguien reconocido. Desde el exsenador Eduardo Merlano, pasando por Carlos Moreno de Caro, hasta llegar al hijo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, cuyo caso parece ya olvidado.
En el fondo hay algo incluso peor: que se siga creyendo que en Colombia hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Que se siga venerando “estirpes”. Dichoso el día en que en Colombia no importe ni el apellido, ni el color de piel, ni el lugar de procedencia, ni la orientación sexual, ni la capacidad económica de una persona. Que lo importantes sean sus capacidades, sus méritos. Sencillo: hay que avanzar en la igualdad.
Hay que ir acabando, asimismo, con la idea de que la justicia “es para los de ruana”. Que si algún día alguien como Gaviria vuelve y pregunta amenazante “¿usted no sabe quién soy yo?”, se le responda que no es nadie distinto a un ciudadano como todos, que tiene derechos y deberes. Punto.
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