Vamos paso a paso

Después de un intenso debate, la Corte Constitucional definió el tope al que deben llegar las pensiones en Colombia.

El Espectador
09 de mayo de 2013 - 06:00 p. m.

Así, basándose en los principios de equidad y solidaridad, todas las pensiones que superen los 25 salarios mínimos deben ser tasadas nuevamente. No pueden rebasar el tope. Dicho en términos simples, nadie podrá tener una pensión superior a los $14’800.000. Muy bien.

La forma de liquidar las pensiones debía ser revaluada. No solamente por una cuestión de equidad (que es lo más importante), sino también por una de coherencia: las sentencias que hasta hoy existían sobre el tema eran dispares, fijaban regímenes distintos, eran contradictorias. Es bueno, entonces, que a partir del 1º de julio de este año exista un criterio unificado.

Pero vamos con la equidad. Los colombianos del promedio hacen unos aportes durante toda su vida para acceder, al final de ella, a una remuneración similar a la que devengaron. Los más altos servidores públicos (magistrados y congresistas, que fueron realmente quienes más bulla hicieron cuando se abrió el debate) reciben pensiones exorbitantes por cuenta de lo que aportan todos dentro de un mismo sistema. A todas luces suena injusto. La carga del aporte, si bien no es la misma, no puede dar paso a una inequidad tan grande a la hora de la jubilación. Recortar esos privilegios genera a la larga una sociedad más justa, menos segregada, más igualitaria.

Sin embargo, este es un paso apenas. Uno de los tantos que hay que dar. El régimen pensional en Colombia, aparte de ser un sistema que día a día se vuelve más insostenible, es también inaccesible por cuestiones mucho más profundas.

La tasa global de ocupación es del 56,3%. Allí, en ese dato suelto que el DANE muestra en su página, se encuentra todo: desde el vendedor de dulces de la calle hasta el que responde “sí, yo tengo algo que hacer”. Pero la realidad para ellos, para la mayoría, es que no hacen un aporte efectivo dentro del sistema pensional. El subempleo o las formas alternativas de darle trabajo a alguien (el contrato de prestación de servicios, por ejemplo) dejan al patrono libre de cualquier responsabilidad y hacen que el empleado tome una de dos decisiones: sacrificar parte de su sueldo para aportar o guardárselo todo en el bolsillo. Y no es difícil tomarla.

Por otra parte, es cierto lo que algunos exmagistrados han dicho a partir del fallo. Que no hacen tanta equidad los recortes de los más ricos sino, más bien, la ampliación de los subsidios para la base de la sociedad. Es cierto. Ese probablemente sea el segundo paso que haya que dar. Porque la desigualdad, de todas formas, sigue siendo muy grande.

Sin embargo, es hora ya de dar el debate por el trabajo como tal. El gran bache de los gobiernos de este país siempre ha sido no concebir ese derecho dentro de una política macroeconómica que pueda redundar en una sociedad más justa. Mientras los que no pueden acceder a pensión sean los más, estas noticias van a seguir sonando, apenas, como una rama del problema.

Lo celebramos, claro que sí, pero hay que construir otras cosas para que los esfuerzos se valoren conjuntamente.

Por El Espectador

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