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Mañana se cumplirán 25 años de la promulgación de la Constitución de 1991, documento que se ha convertido en la columna vertebral de la construcción de una Colombia que, contra todo pronóstico, ha logrado sacudirse el lastre de la falta de institucionalidad y de un Estado débil, cooptado por las fuerzas ilegales y la corrupción. Aunque todavía falta mucho por mejorar, y hay lunares en este cuarto de siglo constitucional, el país tiene mucho que celebrar por la existencia de la Carta Política.
Que cueste recordar la Colombia previa a la Constitución vigente, más que un testimonio al paso del tiempo, es síntoma de un país que se atrevió a cortar de manera radical con la historia que parecía condenarlo al fracaso y le apostó a reinventarse. La Carta Política fue, al mismo tiempo, la materialización de un sueño y el principio de la recuperación del proyecto común de país.
La Séptima Papeleta, movimiento que demostró la necesidad de convocar a la Asamblea Constituyente, fue la manifestación de un pueblo cansado de llorar muertos con la frustración de que había pocas posibilidades de mejorar.
En medio de una guerra contra el narcotráfico, la corrupción y las guerrillas, y con un M-19 recién desmovilizado, era evidente que la Constitución de 1886 se quedaba corta para los graves retos que enfrentaba el país. La Constituyente fue una oportunidad única para sentarnos a pensar, en medio de la esperanza, cómo queríamos que fuese Colombia.
El resultado fue un documento con muchas promesas, ambicioso, robusto, con sus problemas, pero también con un potencial que, con el paso de los años, ha demostrado ser clave para que todos los colombianos se sientan representados en ella. La noble y poderosa idea de que Colombia es un Estado Social de Derecho, donde todos sus ciudadanos tienen una amplia lista de derechos fundamentales, permitió que muchas de las voces marginadas históricamente por la política del país y la agenda del Gobierno no sólo fuesen escuchadas, sino atendidas y protegidas gracias al mecanismo de la tutela.
En eso la Corte Constitucional, guardiana e intérprete de la Carta, ha cumplido un papel fundamental. Colombia ha corrido con la suerte de que ese alto tribunal haya recibido magistrados comprometidos con materializar el sueño plasmado en las promesas de la Constitución.
Aunque hay voces que critican su actuar por “activista”, y que ven con desconfianza que priorice las consideraciones de derechos por encima de, por ejemplo, la viabilidad fiscal, la Corte Constitucional, en la mayoría de las veces, ha servido como el más poderoso defensor de los desprotegidos; de las causas incomprendidas y apabulladas por las mayorías arrogantes. Cuando los otros dos poderes del Estado han silenciado las reclamaciones minoritarias, la Corte ha tomado decisiones monumentales que han dotado de vida a la Carta Política y enviado un mensaje que no se puede desestimar: el Estado es para todos.
Es frustrante que escándalos individuales recientes manchen el nombre de una institución que ha sido clave para construir el país que hoy conocemos. También, como lo dijimos en su momento, son apresuradas las peticiones de convocar a una nueva Asamblea Constituyente. Que hacen falta reformas, sí, pero el material necesario para hacerlas está dentro de la misma Constitución, y, en cambio, empezar de nuevo es borrar estos años de fortalecimiento institucional y avances jurisprudenciales. A sus 25, la Carta está joven y ha mutado, pero la promesa esencial de una Colombia mejor y más incluyente sigue vigente. Ahora que tenemos la oportunidad de construir un nuevo país, la Constitución permanece como un referente para recordar todo lo que queremos ser.
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