Ya lo sabíamos

Ya lo sabíamos. Toda Colombia es consciente de lo que las Farc son capaces de hacer en medio de un conflicto armado. Lo hemos visto, reseñado, sentido y algunas veces experimentado en carne propia durante más de medio siglo. Y estamos cansados de eso. Todos lo estamos.

El propio Gobierno lo sabía y fue por eso que desde el comienzo impuso una regla transversal al proceso de paz: la mesa de negociaciones, allá en La Habana, debería mantenerse ajena al desarrollo del conflicto acá en Colombia. Aceptado que se negociaría en medio del conflicto y pactada una agenda, era absolutamente necesario que lo que en él sucediera se mantuviera por fuera de la mesa. Si no, sería imposible avanzar.

La crudeza de esa resolución, si bien riesgosa, es inteligente por su practicidad: mientras que a otros gobiernos, que también han intentado acercamientos para lograr la paz, se les fueron el tiempo y la energía verificando el cese al fuego, éste entendió que los dos paralelos deberían continuar: pactar la paz al mismo tiempo que sigue la guerra. Desde el comienzo también se advirtió al país que vendrían momentos difíciles, que era previsible un escalamiento de la confrontación, que habría que tener paciencia y no perder el norte del objetivo mayor del final del conflicto.

Y hasta ahora ese acuerdo venía funcionando. La Fuerza Pública, como cabía, cumplía el llamado del presidente a no ceder un milímetro en la ofensiva contra las Farc. Lo cual, de paso, aplacaba el discurso opositor de que se estaban poniendo en riesgo los avances en seguridad en aras de la negociación y reforzaba el discurso oficial de que valía la pena el proceso porque, de fracasar, nada se habría perdido.

¿Qué ha cambiado entonces para que el proceso haya entrado esta semana en el punto más difícil desde su inicio? Precisamente, que se ha dejado que el horror de la cotidianidad de la guerra haya entrado a la mesa de negociación.

No resulta fácil, por supuesto, mantener la paciencia frente a la barbarie. El secuestro de los policías en Pradera (Valle), los asesinatos de tres oficiales de la Policía en un ataque del frente 59 en La Guajira y la ola de violencia que se ha activado —y continuará, eso lo sabemos— después de la tregua unilateral que la guerrilla dio en el período decembrino, son actos que deben ser reprochados por todos. También por el Gobierno, claro está. Es entendible que el presidente Juan Manuel Santos lo haga, pues es él, al fin y al cabo, quien debe reunir esa indignación nacional y representarla. Y que refuerce a su Ejército y que intente frenar la arremetida. Es una guerra, no lo olvidemos. Y no olvidemos, tampoco, que estas cosas estarían sucediendo igual sin proceso de paz en curso. Echarles la culpa a los diálogos es infame, porque en ellos reside el espíritu de que esto no vuelva a pasar.

Pero si lo pactado era dejar la realidad de la guerra por fuera de la mesa, sorprende que haya sido Humberto de la Calle quien haya salido primero al micrófono a rechazar los actos —sí, barbáricos— de las Farc y a lanzar un ultimátum. Claro, la apenas lógica duda de los colombianos sobre la verdadera voluntad de paz de las Farc demanda de ellas un compromiso mayor con la negociación, si fueran inteligentes y quisieran blindar el proceso de sus críticos. Pero si la guerra continúa, lo esperable no es intercambiable con lo exigible.

Insistimos en una sola cosa: la agenda debe respetarse. Es el único camino. Bajo las condiciones pactadas, por impopular que ello resulte, sin olvidar el objetivo mayor. Al final del conflicto no se va a llegar por un camino de rosas. Así se planteó este proceso desde el primer día y así lo aceptamos quienes lo apoyamos. Avancemos en lo sustancial para que estos actos que hoy nos duelen y nos indignan tengan una oportunidad de desaparecer. Quedarnos en esta discusión es sólo eternizarlos.