Por: Felipe Zuleta Lleras

Efecto cascada

No suelo escribir en primera persona, pues me parece pernicioso y antipático.

Sin embargo, hoy me tomo esa licencia para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las demandas que como ciudadano presenté en febrero de 2010 y que pretendían tumbarles a los congresistas las primas de vivienda, salud y transporte. No lo hice por nada distinto que pedirle a la justicia contenciosa que igualara a los parlamentarios con los demás colombianos.

Para mi sorpresa los consejeros de Estado, en un par de sentencias impecables, les quitaron la prima de vivienda a quienes viven en Bogotá y la prima de salud a todos los congresistas. Esta decisión de la justicia tuvo unos efectos que, confieso, jamás calculé cuando puse a funcionar el aparato judicial. El efecto es el de cascada, pues la suma estimada que dejarán de percibir aproximadamente 20.000 funcionarios del Estado es de $8 millones mensuales.

Esto incluye a magistrados de la Rama Judicial, a altos funcionarios de la Procuraduría y la Contraloría, a todos los congresistas, etcétera. El ministro de Hacienda ha dicho que es una papa caliente porque, de acuerdo con la ley, nadie puede ganar más que un congresista, es decir, aproximadamente $13 millones, por cuenta de estas sentencias.

Ahora bien, el tema delicado es que si el Gobierno no puede fijar los salarios de los congresistas por decretos reglamentarios, tendría que expedirse una ley. Y he ahí el problema. ¿Pueden los legisladores tramitar y expedir una norma que los beneficiará a ellos?

Supe que los parlamentarios andan muy furiosos conmigo, que los pagadores del Congreso no quieren incumplir las sentencias. Y además que los mismos magistrados del Consejo de Estado están furiosos con sus colegas que, valiente y rectamente, fallaron en derecho. Hablan inclusive los magistrados de las altas cortes de la demanda Lleras.

Ahora bien, creo que los magistrados ponentes tampoco calcularon las consecuencias de su fallo. Fallo que en estricto derecho es justo, pues lo injusto es que haya funcionarios del Estado que reciban prebendas que la legislación les niega a los demás 44 millones de ciudadanos. Excepto a estos funcionarios, a ningún otro colombiano nos pagan la salud y la vivienda. Y lo que les dan a los empleados por transporte es una miseria.

Esta semana, por supuesto, no ha sido la mejor para los congresistas y los altos funcionarios del Estado, porque por cuenta de estas decisiones judiciales les sacaron de su bolsillo $8 millones. Mucho para algunos y poco para otros. Ahora bien, ¿cuánto se ahorran los colombianos? Ni siquiera lo ha podido calcular el Gobierno nacional.

Claro está que estaremos atentos a que no se le tuerza el pescuezo a las sentencias, para lo cual es necesario que las redes de veedurías ciudadanas ayuden también, pues lo que he hecho es hacerle seguimiento al cumplimiento de las providencias a través de derechos de petición, pero cualquier ayuda es bienvenida.

@FZuletalleras

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