El acuerdo sobre lo fundamental

Si tuviera proclividad a la simplificación radical, diría que la malhadada aventura de la reforma a la justicia mostró que Colombia por fin ha conquistado el acuerdo sobre lo fundamental por el que suspiraba Álvaro Gómez: todos nos sentimos mal con el nivel de impunidad que hay en el país. El problema consiste en que algunos creemos que hay que reducirlo, y otros que hay que aumentarlo.

Pero las cosas en realidad no son ni de lejos tan sencillas, y las lecciones que deberíamos extraer de este despelote del que todavía no salimos no resultan rectilíneas. Propongo por ahora tres. La primera es que la gran reforma que necesita con urgencia la Constitución es precisamente poner obstáculos a reformas futuras. De manera sorprendente, y como se ha llegado a comprobar nociva, los constituyentes de 1991 no establecieron supermayorías para cambiar la carta fundamental. La consecuencia es que es mucho más difícil en Colombia aprobar el viaje al exterior de un parlamentario que un cambio crucial en las reglas de juego. La segunda es que la idea de la reforma a la justicia debe pasar al congelador. Nuestro aparato judicial tiene muchos problemas. Pero la reforma no puso en movimiento los recursos necesarios para encontrar soluciones, sino que abrió el apetito de mucha gente poderosa, que lo único que resiente de nuestra justicia es precisamente que funcione, así sea de manera parcial e imperfecta. Esto no es en lo más mínimo casual. Uno de los grandes problemas de nuestro país es que una parte muy importante de la gente con acceso a la toma de decisiones también tiene problemas legales, y por lo tanto incentivos fuertes para solucionarlos rediseñando el sistema a favor propio. Este conjunto de personas no se reduce, ciertamente, a los congresistas. En las presentes circunstancias, por lo tanto, la economía política de las reformas a la justicia consiste básicamente en la activación de grupos de interés concentrados en garantizar la impunidad para sí mismos. A propósito, como se encargaron de demostrar los muy denunciados e indignados miembros de la comisión de conciliación en el debate del miércoles, esto estuvo en la agenda desde el principio, y en un sentido muy específico fue el Gobierno Nacional quien abrió la caja de Pandora.

Esa es una de las razones para desconfiar de la demagogia antiparlamentaria, que no sólo borra de un plumazo la actuación de los congresistas que se opusieron al proyecto, sino que carece de cualquier potencial de educación democrática. Pero eso me lleva a la tercera lección, que en realidad es una sencilla advertencia: este salto al vacío ha revelado cuán frágil y peligrosa es nuestra situación. De repente, nos encontramos en un cuasivacío institucional, el escenario ideal para pescar en río revuelto. El uribismo hizo precisamente eso, con su propuesta de asamblea constituyente, que necesita con desesperación para garantizarle la impunidad a los suyos y para instaurar la reelección indefinida. Y digo desesperación no como tropo literario, sino como descripción: pues los uribistas saben que si siguen saliendo a la luz las denuncias sobre lo que ocurrió en sus ocho años se deteriorará la base social sobre la que tendrán que apoyarse para la reconquista del poder. Buscan parar la hemorragia cuanto antes. ¿Lo lograrán?

Escribo esto sin saber cómo resultó la votación del jueves. Lo que uno esperaría es que el látigo gubernamental alineara a los congresistas y que éstos, después de gimotear un poco, votaran en el sentido indicado (¿pero no es Colombia el país de los sobresaltos?). Si esto no pasa, estamos ante un abismo. Pero incluso si todo sale según el libreto, se ha producido una desestabilización real ante la cual tendrán que reaccionar todos los actores políticos.