El archivo perdido de Bojayá

Después de la masacre de Bojayá, en mayo de 2002, llegué al caserío a orillas del Atrato y ninguna autoridad gubernamental, regional o nacional, se había hecho presente. Estaba el fotógrafo Jesús Abad Colorado. Los sobrevivientes que no habían huido hacia Quibdó, a nueve horas por río, terminaban de enterrar sus muertos mutilados en bolsas negras y en una fosa común. Es el olor a muerte más intenso que haya sentido como reportero de guerra. El mejor acto solidario era guardar silencio.

En las ruinas de la iglesia se me acercó una líder comunitaria y me llevó a lo que era el púlpito desde donde el padre Antún Ramos -antes de que cayera el cilindro bomba por el techo- intentó calmar a los habitantes mientras guerrilleros y paramilitares combatían afuera en la selva chocoana, frente a Antioquia. La anciana removió escombros y sacó un arrume de papeles. “Queremos que se sepa esto”, me dijo, y me ayudó a guardarlos en mi mochila. Eran decenas de cartas que durante seis años la comunidad envió a las autoridades pidiendo protección, anunciando la tragedia. Las publiqué en la revista Cromos y, misteriosamente, los documentos fueron robados de mi escritorio antes de ser entregados a la Fiscalía. Cito apartes:

Carta del sacerdote Jorge Luiz Mazo, escrita en 1997, que murió en el río a finales de 1999 luego de que una lancha de paramilitares atropellara la suya: “Las comunidades negras e indígenas son parte de la otra Colombia. En este momento de la historia, esta región del departamento de Chocó pasa por una situación muy difícil, ya que el conflicto armado ha tocado estos territorios. Los desplazados por la violencia van siendo día a día más. Los secuestros y las muertes violentas se acrecientan. Las intimidaciones y el miedo son el pan nuestro de cada día. La violación de derechos humanos está incrementando y las personas no saben qué hacer ni a dónde ir. Se requiere un fondo económico para que la población pueda desplazarse a otros sitios para salvar sus vidas”.

Carta Nº 3 al presidente Ernesto Samper Pizano, con copia al gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez (1997): “Distinguidos señores: esta es para quejarnos del mal trato que se nos da a Chocó y principalmente al Atrato Medio. Con el cuento de los grupos alzados en armas se está matando vilmente al campesino en la manera más cruel, torturándolo, decapitándolo, quitándole las extremidades y las partes genitales. Esto lo hacen estando las personas vivas, de esa manera los matan los paramilitares.

La esperanza la teníamos en el Gobierno, pero nos equivocamos. Porque según tenemos entendido los grupos paramilitares son pagados por su gobierno, para que maten a cuanto campesino quieran y el que se pueda marchar o desplazar lo hace, pero con mucho dolor por la despatriada de su familia que se muere de hambre. Porque a los ríos no puede entrar ni sal tan siquiera, ahora dicen que los comerciantes y empleados que ganen de millón les tienen que dar voluntariamente una contribución para pagar sus viviendas y comidas. Estos pueblitos son muy pobres para un chantaje de esa naturaleza; nos matan y hay que pagar por sembrar el terror. Los niños no hablan más que de matar como los paracos. Por favor, nuestra situación es muy lamentable, nuestros pueblos han quedado solos casi por temor a lo que está sucediendo; siendo pueblos sanos; no creemos que derramando sangre inocente el Gobierno colombiano consiga la paz. Auxilio, socorro, por favor ayúdenos, sálvenos de muertes inocentes”.

Reporte a la Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó para el período junio-agosto de 2000: “La versión es que las Farc impusieron desde el año pasado una ley en el sentido de que si algún marrano hacía daño en un cultivo ajeno, el dueño del cultivo lo mata y les envía una parte de la carne a ellos y se come el resto. Después los paramilitares llegan a pie, entran a las casas preguntando dónde viven las personas que solicitan, los sacan, a algunos muy cerca de ellas les dan muerte y a otros los torturan”.