Por: Mauricio Albarracín

El asalto de Pretelt contra el matrimonio igualitario

La Corte Constitucional discutirá de nuevo la cuestión del matrimonio igualitario en los próximos días.

Este debate tiene como antecedente la sentencia C-577 de 2011, en la cual la Corte reconoció que las parejas del mismo sexo son familias con plenos derechos y que la ausencia de un contrato formal y solemne para protegerlas es una violación de la Constitución. Sin embargo, la Corte le encargó esta tarea regulatoria al Congreso, donde advertía que si no cumplía con esta misión en dos años, las parejas del mismo sexo podrían acudir antes jueces y notarios a “formalizar y solemnizar su vínculo contractual”, lo cual se cumplió el 20 de junio de 2013. Esta decisión ambigua abrió un espacio de interpretación y lucha jurídica en cada juzgado o notaría que tuviera que estudiar estas solicitudes.

Al menos tres interpretaciones existen de esta sentencia de la Corte. En primer lugar, la Procuraduría creó una estrategia jurídica e institucional para oponerse a cualquier protección de las parejas del mismo sexo. Incluso, la Procuraduría ha llegado a violar el derecho a la intimidad y la dignidad de las parejas, presentándose de forma intempestiva en las ceremonias de matrimonio para obstruirlas. En segundo lugar, la mayoría de notarios asumieron una posición temerosa y discriminatoria al realizar “contratos solemnes”, que no son más que papeles sin valor, que crean una ciudadanía de segunda clase para las familias de parejas del mismo sexo. Esto se explica por la amenaza velada del Procurador con abrir procesos disciplinarios a aquellos que hicieran una interpretación más garantista de la sentencia de la Corte y por el excesivo legalismo de nuestros notarios. Finalmente, organizaciones de la sociedad civil como Colombia Diversa y Dejusticia defendimos la posibilidad de que jueces y notarios realizaran matrimonios civiles con el fin de garantizar los derechos que históricamente nos han sido negados.

Estas tres interpretaciones han generado un caos sin precedente respecto a la protección legal de las parejas del mismo sexo. Por ello, las parejas han interpuesto acciones de tutela contra los notarios por usar figuras discriminatorias y negarse a realizar matrimonios. Otras parejas han logrado que jueces valientes y comprometidos con la igualdad realicen matrimonios. Ante esta decisión autónoma de los jueces, la Procuraduría emprendió una avalancha de recursos legales y acciones de tutela para anular los matrimonios.

A partir de mañana, la Corte tiene varios asuntos para decidir. El primer asunto es si la Procuraduría puede interponer acciones de tutela contra matrimonios válidamente celebrados por la autoridad competente. El segundo asunto es si los jueces pueden realizar autónomamente matrimonios entre parejas del mismo sexo. El tercer asunto es si los notarios tienen el deber de realizar matrimonios y determinar la validez jurídica de los discriminatorios y fútiles “contratos solemnes”.

Todos estos asuntos están en manos del magistrado Jorge Pretelt Chaljub, quien en su ponencia destruye los pocos avances sobre el matrimonio igualitario. Después de cuatro años de la decisión inicial de la Corte, nos enfrentamos al peor retroceso en el reconocimiento de nuestros derechos. El cuestionado magistrado hace una carambola a tres bandas: bendice la cruzada del Procurador, anula los matrimonios celebrados por jueces de la República y autoriza el apartheid jurídico de los contratos solemnes.

Una de las principales luchas por la igualdad de nuestro tiempo está en manos de un magistrado acusado del peor escándalo de corrupción de la historia constitucional. ¿Podrán ocho magistrados detener este asalto a nuestra dignidad?

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